La Comisión Digital, Cultura, Medios y Deportes de la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico presentó un reporte sobre desinformación y “noticias falsas”. Allí ofrece recomendaciones sobre su definición, el rol y responsabilidades que les caben a las empresas tecnológicas y el funcionamiento en campañas políticas. El informe también dedica una parte importante al análisis del rol de Facebook y otras redes sociales en este tema.
“Recomendamos que el gobierno rechace el término ´noticias falsas´, y en cambio adopte una definición consensuada de las palabras ´información incorrecta’ o ´desinformación´. Con esa definición compartida y guías claras para compañías, organizaciones y Gobierno, habrá consistencia común sobre el significado que atraviesa a las plataformas, que puede ser utilizado como base para la regulación y su cumplimiento”, señala el informe.
Además recomienda la utilización de las reglas de contenidos, imparcialidad y certeza establecidas para radio y TV en la Ley de Comunicaciones de 2003 como referencia para el establecimiento de estándares para el contenido en línea.
La Comisión también señala la necesidad de investigar cómo se produce y disemina la desinformación en Internet y el rol central del chequeo de datos. En consecuencia, recomienda que un grupo de trabajo de expertos cree una serie de estándares de confiabilidad para que los usuarios puedan identificar el nivel de verificación de un determinado sitio web. Se sugiere que los principios sean lo suficientemente amplios para adaptarse a la evolución tecnológica.
En relación al rol y responsabilidades de las compañías tecnológicas, el informe de la Comisión señala que “la naturaleza de los medios sociales crea desafíos para los reguladores”. Sostiene que una evidencia de ello es que “Facebook no aceptó su responsabilidad de identificar o prevenir actividades de campañas electorales ilegales en otras jurisdicciones”. Desde la perspectiva de la Comisión, “esta posición es insostenible y Facebook y otros medios sociales deben empezar a hacerse responsables por la forma en la que sus plataformas son utilizadas”.
En consecuencia, en el documento se recomienda al Gobierno que considere que la Comisión Electoral tenga el poder para obligar a las compañías tecnológicas a proveer información relevante a sus requerimientos, sujeto al debido proceso.
A su vez, la Comisión manifestó su apoyo a la sugerencia de la Comisión Electoral para que se divulgue información sobre la organización que publica información y quién es legalmente responsable por el gasto, para que sea fácil identificar quién patrocinó el material de campaña e invirtió en publicidad y materiales que circulan. Además, el gobierno debería considerar la colocación de banners en los avisos políticos pagos y videos, indicando la fuente, para que los usuarios identifiquen quién es el anunciante y qué se promociona.
“Las compañías de medios sociales no pueden esconderse detrás de la afirmación de que son meras plataformas, proclamando que son sólo compañías tecnológicas y que no tienen ningún rol en la regulación del contenido de sus sitios… ellas continuamente cambian lo que se ve y no se ve en sus sitios, basado en algoritmos y en intervención humana”, sostiene el informe.
En consecuencia, se recomienda la formulación de una nueva categoría de “compañías tecnológicas” para que estén sujetas a responsabilidades públicas y que no necesariamente sea la denominación de “plataforma” o “editor”.
Además, la Comisión insta al gobierno a realizar un trabajo activo en términos de mecanismos de transparencia para las plataformas así como también de monopolio.
“El dominio de un puñado de poderosas compañías tecnológicas, como Facebook, Twitter y Google, ha resultado en un comportamiento como si fueran monopolios en su área específica… el gobierno debe establecer por qué estos temas de monopolio son diferentes en el mundo tecnológico y qué medidas son necesarias para proteger los datos de los usuarios”, indica el reporte.
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