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Varias organizaciones sociales pidieron al presidente ecuatoriano que no vete totalmente la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación

El Frente de Defensa de la Comunicación Pública, Comunitaria y Ciudadana expresó que el veto total, dejaría indefensos a menores, periodistas, trabajadores de comunicación y medios comunitarios
Foto: Micrófono. (Pexels).

El Frente de Defensa de la Comunicación Pública, Comunitaria y Ciudadana, compuesto por organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos del Ecuador (CORAPE), solicitaron al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que no vete totalmente la reforma a la Ley de Comunicación aprobada por la Asamblea Nacional, ya que la propuesta contiene “aspectos fundamentales orientados a garantizar los derechos de la comunicación y la información”.

Lasso ya anunció que comenzaría a elaborar el veto a la ley aprobada, ante esto, la agrupación de organizaciones que se sumaron al “Comunicado por el derecho a comunicar”, defendió la propuesta aludiendo que contiene aspectos que protegen; la pluralidad de voces, la interculturalidad, derechos de menores, derechos de periodistas, la producción nacional y la redistribución equitativa y democrática de frecuencias.

El comunicado expresa además que la propuesta aprobada ayuda a preservar y fortalecer los medios públicos y prohíbe “la difusión de información falsa, violenta o discriminatoria”. Por otro lado, “incorpora la autorregulación de los medios de forma voluntaria, contando con un marco legal que ampare a ciudadanas y ciudadanos”.

Según el comunicado, si se veta totalmente el proyecto, se continuaría legitimando una “situación de desventaja y de injusticia para con los medios comunitarios y con las organizaciones sociales que requieren de su uso”.

El Frente de Defensa de la Comunicación Pública, Comunitaria y Ciudadana expresó finalmente que el veto total sería “irresponsable”, ya que se atentaría contra derechos de la ciudadanía y que personas que necesitan ser apoyadas para poder acceder a la comunicación, quedarían desamparadas.


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