En su Informe Anual 2025, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH recomendó a los Estados evitar normas generales o ambiguas y respuestas penales para combatir la desinformación, no responsabilizar a los intermediarios por contenidos de terceros de forma que se incentive la “censura privada”, y promover procesos regulatorios basados en estándares internacionales de derechos humanos y en diálogos amplios con múltiples actores
En su Informe Anual 2025, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH) formuló una serie de recomendaciones a los Estados de la OEA sobre libertad de expresión en Internet, en un contexto marcado por debates regulatorios sobre plataformas digitales, desinformación, moderación de contenidos, inteligencia artificial, vigilancia digital y protección de derechos en entornos digitales.
Entre sus principales recomendaciones, la RELE reiteró su llamado a los Estados a evitar marcos regulatorios que responsabilicen a los intermediarios de Internet por el contenido publicado por usuarios en sus plataformas, al advertir que este tipo de enfoques puede incentivar la dinámica de la “censura privada”. También recomendó evitar la creación de leyes generales o ambiguas para combatir la desinformación en Internet, así como el uso de prohibiciones penales para castigar la difusión de “falsedades” o “información no objetiva”.
En la misma línea, la Relatoría recomendó a los Estados involucrarse en diálogos multilaterales para construir consensos conforme a principios y estándares del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente en materia de moderación de contenidos en línea y gobernanza de Internet. A su vez, llamó a promover consultas “amplias, plurales y robustas” ante cualquier propuesta legislativa o iniciativa institucional sobre esta materia.
La RELE también recomendó promover el acceso universal a Internet para garantizar el ejercicio efectivo de la libertad de expresión por este medio, realizar acciones positivas de “alfabetización, concientización y desarrollo de competencias y habilidades cívicas digitales”, y garantizar la neutralidad de la red, evitando que el tratamiento de los datos y el tráfico de Internet sea objeto de discriminación por factores como dispositivos, contenido, autor, origen o destino del material, servicio o aplicación.
Asimismo, instó a seguir las recomendaciones de su informe temático “Inclusión digital y gobernanza de contenidos en Internet”, en relación con el deterioro del debate público, el acceso universal, la alfabetización digital y la gobernanza de contenidos.
El informe se publica en un escenario regional e internacional en el que la RELE identificó nuevos desafíos para la gobernanza digital. Entre ellos, señaló tensiones entre Estados por decisiones judiciales y regulatorias sobre plataformas digitales.
En particular sobre este último punto, sostuvo que Estados Unidos adoptó medidas comerciales contra Brasil, aludiendo que ciertas actuaciones de autoridades brasileñas “habrían interferido en la economía estadounidense, afectado el ejercicio del derecho a la libertad de expresión por medio de plataformas digitales y comprometido la protección de sus ciudadanos y empresas”.
La Relatoría señaló que, por el carácter global de Internet, la regulación de las plataformas digitales no depende solo del país donde esas empresas tienen su sede. Por eso, destacó la importancia de construir consensos multilaterales, basados en estándares internacionales de derechos humanos, para orientar la gobernanza de la red.
Por otro lado, la RELE tomó nota de los cambios implementados por Meta a principios de 2025, cuando la compañía finalizó el programa destinado a combatir la desinformación en contextos electorales y lo reemplazó por un mecanismo de “notas comunitarias” generadas por los usuarios. La Relatoría advirtió que el nuevo enfoque adoptaría una moderación más permisiva, incluso en áreas consideradas “sensibles”, como inmigración y género, lo que “podría reducir la detección de contenidos dañinos”.
El informe también aborda las discusiones sobre redes sociales y niñez. En ese marco, la Relatoría mencionó que en Brasil “se registraron avances legislativos significativos” con la aprobación de la Ley 15.211/2025, conocida como “ECA Digital”. Sin embargo, también observó preocupaciones sobre algunos aspectos de la norma, en particular la supervisión parental y la verificación etaria. Sobre esos puntos, el informe advierte posibles impactos en “la autonomía y privacidad de los menores”, así como preocupaciones sobre “el derecho a la privacidad de las personas usuarias por lo general”, ante el posible estímulo a la recopilación de más datos y al incremento de herramientas de vigilancia.
Frente a estos debates, la RELE subrayó la importancia de promover y fortalecer la ciudadanía digital de niños, niñas y adolescentes, asegurando su plena integración en una sociedad donde las nuevas tecnologías desempeñan un papel central. En ese sentido, sostuvo que “sin conectividad, la niñez pierde el acceso a una parte cada vez más significativa de la esfera pública”, y recordó que cualquier restricción destinada a proteger sus derechos debe cumplir con los principios de necesidad y proporcionalidad del sistema interamericano, para evitar impactos desproporcionados sobre la libertad de expresión.
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Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad De Expresión
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