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Acuerdo de Google y California: ¿por qué es opaco e incluye fondos públicos?

Por Santiago Marino, investigador asociado de OBSERVACOM

El Estado de California y Google anunciaron la creación de un fondo para financiar producciones del periodismo local durante cinco años. Este acuerdo se anticipa a la sanción de un proyecto de ley que era más exigente para las plataformas. La decisión, que involucra también dineros públicos, resulta compleja porque los contenidos del acuerdo no son claros ni transparentes.

A fines de agosto, Google anunció un acuerdo con el Estado de California (EEUU) a partir del cual se crea un fondo para financiar empleos de periodismo local e investigación de IA que alcanzará los 250 millones de dólares en 5 años. El compromiso contempla que Google aporte 180 millones y que el dinero restante salga de fondos públicos.

Tal como ya informó OBSERVACOM, el acuerdo opera por fuera de proyectos de ley que buscaban que las plataformas paguen por usar contenidos periodísticos. Y que, de aprobarse, hubieran consolidado un rasgo significativo en esta etapa de debate sobre la regulación del debate público. 

En el contexto internacional, el modelo donde es el Estado el que establece las reglas, se da en Europa, según ya analizó OBSERVACOM.

La viabilidad de la actividad periodística es un pilar fundamental de los sistemas democráticos y, también, de los distintos sistemas económicos: la divulgación de información veraz, clara y producida de manera profesional, autónoma e independiente de otros intereses es vital para la toma de decisiones en todos los planos de la vida personal y social. Ahora bien, las formas y los contenidos del diseño de los mecanismos para su promoción son tan relevantes como los montos que los integran. Y lo que entiende y define la UNESCO es que las plataformas deben pagar una parte de lo que capturan. Deben configurar una relación pecuniaria dado el rol que ocupan en la circulación de la información.

Por ello, en el caso del acuerdo Google-California, esto trae consigo varios problemas, a saber:

  • El primero es que es un acuerdo opaco: no se conocen los detalles de exigencias y responsabilidades de cada parte. No hay especificaciones de mecanismos de asignación de los recursos, exigencias de las contrapartes ni aspectos vinculados con la promoción de la libertad de expresión y la diversidad mediática. 
  • El segundo es que involucra fondos públicos, con lo cual se profundiza lo marcado en el punto anterior. Se desconocen los detalles sobre cómo se va a hacer y quién va a distribuir el dinero. Ya no solo de los escasos dineros (para el tamaño y la capacidad del actor) que aporta Google, sino también de los recursos del erario público californiano.

Resulta muy significativo que una parte de los fondos -aunque sea sensiblemente menor de lo que destina Google- provenga del Estado sin estar acompañado de exigencias de información transparente sobre su gestión. En este sentido, es indiscutible la necesidad de la creación de mecanismos concursables, con cláusulas gatillo por incumplimiento, por ejemplo.

Un problema anexo es que las plataformas quieran constituir estos acuerdos en un antecedente (si esto “sienta jurisprudencia”) para replicarlo en el resto de las Américas.

En este momento del debate parece ser clave pensar críticamente cuál es el rol de las grandes plataformas en la configuración de mecanismos que aporten a la sostenibilidad de la actividad periodística y de los medios asociados a ella. En principio, la asociación público-privada podría resultar interesante y positiva para explorar. Pero no son los agentes privados quienes deben imponer las condiciones de esa relación. 

Las alternativas al mecenazgo en la era de las big tech

En este caso, resulta claro que Google es un intermediario, ostenta -entre otras- la capacidad editar y ponderar qué contenidos aparecen y qué lugares. No es un medio en su lógica tradicional, pero opera en un eslabón central entre la generación de noticias y las audiencias. Y en términos económicos se apropia de una parte cada vez más significativa de la publicidad digital. 

Por ello, tal como sostuvimos en un trabajo anterior, “se deberían diseñar y establecer legalmente mecanismos institucionalizados y adecuados para que las grandes plataformas de contenidos paguen por los ingresos que obtienen por el uso de contenidos de medios de comunicación y reduzcan el impacto negativo que generan en la viabilidad y la existencia de un sistema mediático plural y diverso”.

En la misma línea, el policy brief de UNESCO que en 2022 diseñaba mecanismos para el que periodismo prospere incluía entre sus propuestas “alentar a las empresas a que aumenten (en condiciones de igualdad para evitar las interferencias y presiones editoriales) sus montos y transparencia en lo que respecta al apoyo prestado al periodismo”. 

El reclamo de los medios y el periodismo resulta legítimo. Las plataformas deben destinar dinero a su promoción. Tienen que aportar. Pero el camino debe ser el diseño de fondos para la actividad, no de relación uno a uno entre grandes tecnológicas y medios locales. Eso fortalecería las posiciones dominantes, en la cual las gigantes no cederían terreno y los medios subsumirían su accionar a los modelos de negocios preestablecidos por los intermediarios. 

Frente a eso, lo que se constata es la existencia de dos estrategias planteadas: una es la del copyright (una defensa corporativa de los medios), la otra es la de los programas diseñados por las big techs, una especie de “mecenazgo de nuevo tipo”.

Ambas traerían más problemas que soluciones, porque así se fortalecerían las asimetrías, se consolidaría el concepto de propiedad intelectual y se habilitarían escenarios que beneficiarán a los medios más grandes (los que más producen, los que más circulan, los que más se ven) en detrimento de los pequeños, locales, comunitarios. 

La centralidad en el mercado digital (tanto en usos como en facturación publicitaria) de las big tech definen la centralidad de aplicar medidas ligadas a transparentar y democratizar la convivencia de nuestras sociedades con las plataformas digitales. Incluir internet como parte de la solución implica que los estados tomen medidas para que las plataformas que intermedian en el consumo de noticias o contenidos compartan datos con los productores locales además de garantizar interlocutores de esas empresas en los escenarios locales.

Frente a este acuerdo, de la propuesta de OBSERVACOM publicada por UNESCO, se destaca:

  1. Establecer fondos de fomento a la producción de contenidos informativos con el objetivo de contribuir a garantizar la viabilidad y de potenciar la diversidad y el periodismo local, regional y nacional hacia adentro de los países
  2. Diseñar y establecer legalmente mecanismos institucionalizados y adecuados para que las grandes plataformas de contenidos paguen por los ingresos que obtienen por el uso de contenidos de medios de comunicación y el impacto negativo que generan en la viabilidad y la existencia de un sistema mediático plural y diverso.

La generación de entornos regulados para vincular medios y plataformas de una manera democrática y productiva para la viabilidad de la actividad periodística debe ser el fin de ese camino a recorrer.


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