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ADC propone desarrollar una perspectiva regional propia sobre discursos de odio, en base a principios del Sistema Interamericano de DDHH

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) plantea que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ofrece claras orientaciones para abordar los discursos de odio y que es indispensable el debate entre múltiples actores para el desarrollo de una concepción propia regional de las formas de enfrentarlo.

En el informe Más que palabras: buscando consensos para caracterizar el discurso de odio, ADC analizó la caracterización y abordaje de los discursos de odio en Argentina, Brasil, Costa Rica y Panamá. Concluye que en la región hay diversos criterios y terminologías para definirlo.

“Frente a esta variedad, el sistema interamericano puede servir de orientación”, dice ADC. Sin embargo advierte que “su alcance es limitado, ya que hasta el momento no hay casos judiciales en donde la Corte IDH haya abordado de manera directa este tema”.

El estudio plantea que el abordaje de discursos de odio obliga a reflexionar sobre los sistemas de distribución de poder en los que se encuentran insertos. En esta trama en la que aparecen distintos intereses se sostiene la necesidad de un debate amplio entre múltiples actores que incluye a organizaciones de derechos humanos, grupos afectados por discursos de odio e incluso empresas de Internet. Este debate “debería servir para que la región desarrolle una concepción propia de discurso de odio -y sus formas de enfrentarlo-, que no esté sujeta exclusivamente a visiones de otras partes del mundo”, explica.

ADC recomienda que las soluciones regulatorias no deben ser abordadas de una perspectiva punitivista. “En cambio, aparece como necesaria la confluencia de múltiples perspectivas, que aporten soluciones ingeniosas y convergentes para reducir la influencia de tales expresiones”, indica.

En este sentido señala que las organizaciones de derechos humanos tienen un rol importante “para producir soluciones que intenten armonizar los distintos intereses en juego”, en tanto que las empresas de Internet también tienen que estar involucradas “a fin de brindar un ambiente seguro de participación para las comunidades más vulneradas. A la vez que deben incrementar la rendición de cuentas sobre los algoritmos y las lógicas de funcionamiento en sus plataformas y productos”, señala ADC.

 

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