Según informó Reuters, Daniel Ortega, el actual presidente de la República de Nicaragua, quien gobierna desde enero de 2007, su familia y socios más cercanos, han adquirido al menos una docena de canales de televisión, radio y sitios de noticias web.
La agencia de noticias indicó que, a principios de 2010, el Canal 8, una estación de televisión independiente del país, cambió de dueño. “Los detalles del trato, como la identidad del comprador o el precio de la operación o la fecha exacta de la transacción, permanecieron en secreto”. Más tarde, el hijo del presidente nicaragüense, Juan Carlos Ortega Murillo, se hizo con el control del canal y fue parte de “una estrategia mediática que durante la última década ha saturado las ondas, los quioscos y las pantallas de los teléfonos inteligentes del país centroamericano con cobertura, con el objetivo de controlar”, informó la agencia.
Según el medio, los hijos de Ortega administran el Canal 4, Canal 13 y Canal 22, mientras que el Canal 2 sería propiedad de un socio.
Emmanuel Colombié, director de Reporteros Sin Fronteras (RSF) para América Latina, expresó a Deutsche Welle, que es importante que la comunidad internacional le dé mayor atención a las situaciones que están ocurriendo en Nicaragua, “donde se ha instaurado un ‘cóctel de censura’ contra los medios de comunicación independientes”. En ese sentido, aseguró que en Nicaragua “hay un aparato para asfixiar económicamente a la prensa independiente; cortan la señal de televisión y de radio independientes, y estamos viendo un apagón informativo porque son cada vez más escasas las voces disidentes, críticas, no hay más pluralismo”.
Según un informe realizado en 2021, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que analiza la concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, “la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha documentado que en Nicaragua se consolidó un duopolio en los medios de comunicación, que controlan la mayoría de medios de comunicación televisivos y radiales. En efecto, la mayor parte de los medios de comunicación audiovisuales se encuentra bajo el control político de la familia presidencial o de un empresario afín al gobierno”. En consecuencia, los medios y periodistas encuentran enormes dificultades para realizar su trabajo de forma libre e independiente.
Además, el organismo expresa que esto no sólo afecta a los periodistas y dueños de medios, sino también al derecho de la ciudadanía a obtener información plural. “El hostigamiento, la censura, la estigmatización y persecución oficial a la prensa, las detenciones y los procesos legales arbitrarios contra medios, periodistas y organizaciones que defienden la libertad de prensa son incompatibles con la protección de la libertad de expresión y generan un clima generalizado de miedo y autocensura”.
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