Mientras el Ministerio de Justicia impulsa obligaciones sobre moderación de contenidos y transparencia algorítmica, el Ministerio de Hacienda plantea un marco para supervisar la competencia en el sector. Paralelamente, dos diputados de la oposición proponen una regulación centrada en la protección de los usuarios.
Hace unos días, se conocía la noticia de que Brasil comenzaba a discutir un proyecto de ley para la regulación de las plataformas digitales, impulsado desde el Ministerio de Justicia y elaborado por la Secretaría de Derechos Digitales (SEDIGI). Unos días más tarde, se sumó un nuevo proyecto, esta vez impulsado por el Ministerio de Hacienda.
A diferencia del proyecto de la SEDIGI, que busca establecer cuáles deberían ser las obligaciones de estas empresas para la eliminación de publicaciones ilícitas y enfrentar la desinformación masiva y los discursos de odio que ellas mismas amplifican, el proyecto presentado desde Hacienda apunta al mercado de plataformas de redes sociales y aborda aspectos económicos y competitivos.
El texto amplía principalmente la competencia del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) para investigar y definir nuevas obligaciones para las empresas. La idea es combatir, por ejemplo, potenciales monopolios en la prestación de servicios, publicidad o motores de búsqueda, y otras formas de abuso de poder en el entorno digital.
El organismo, según el texto en discusión, será el encargado de clasificar a las empresas como “sistémicamente relevantes”, considerando aspectos como poder de mercado, acceso a grandes volúmenes de datos personales y comerciales relevantes, ingresos y número significativo de usuarios. Uno de los modelos considerados como referencia es la Digital Markets Act (DMA) de la Unión Europea. Desde el Tesoro consideran necesario el cambio en la legislación y la práctica del derecho de la competencia, así como la adopción de nuevas herramientas regulatorias pro competitivas.
Estos dos proyectos no son esfuerzos aislados sino que existen diversas iniciativas impulsadas por los distintos poderes del Estado brasileño para incrementar el control, la supervisión, la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas dueñas de las plataformas digitales. Un dato: En Brasil, según una encuesta de Nexus, “seis de cada diez brasileños apoyan un mayor control sobre las empresas de redes sociales”.
Un proyecto de regulación desde la oposición
Además de los proyectos de Justicia y Hacienda, los diputados opositores Silas Câmara y Dani Cunha presentaron el proyecto de ley 4691/2024, que algunos consideran una alternativa viable para regular las redes sociales, luego de que, tras la presión de las plataformas, se archivara el PL 2630 en 2023. “Con el objetivo de ganar el apoyo de la derecha, el texto se centra más en garantizar la libertad de expresión que en castigar y exigir cuentas a las redes sociales”, según el periódico Estadão, ya que “los partidarios de Bolsonaro han utilizado el argumento de que la regulación supuestamente podría restringir el derecho de las personas a expresarse en internet -ya que la discusión involucra la moderación de contenidos y el combate a la proliferación de desinformación y discursos de odio- para criticar los intentos de imponer control y supervisión sobre estas empresas”.
Ciertos sectores del Gobierno estarían dispuestos a apoyar el proyecto, según confirmó la Secretaria de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, debido a que “está más cerca de alcanzar el consenso necesario para su aprobación”. El sector técnico, por su parte, “desconfía de la propuesta de los parlamentarios” por el rol que le asignan a Anatel, ya que dicen que “la agencia está influenciada por las grandes operadoras de telefonía y su trabajo es mal evaluado por la población”. El texto establece la Ley de Protección de las Libertades Constitucionales y Derechos Fundamentales y designa a Anatel como autoridad competente para regular las plataformas, junto a la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD).
La propuesta de la oposición apunta a las empresas cuya base de usuarios activos corresponda al menos al 5% de la población brasileña (equivalente a 10 millones de personas), lo que incluye a las principales redes sociales del mundo.
La situación del nuevo proyecto oficialista
En cuanto al proyecto impulsado desde la cartera de Justicia, el mismo busca establecer cuáles deberían ser las obligaciones de estas empresas para la eliminación de publicaciones ilícitas y enfrentar la desinformación masiva y los discursos de odio que ellas mismas amplifican, además de imponerles obligaciones de transparencia algorítmica y de sus políticas de moderación de contenidos.
El grupo de trabajo creado para centralizar las discusiones involucra a miembros de la Casa Civil, Hacienda, MJSP, Secretaría de Comunicación Social (Secom), Secretaría de Relaciones Institucionales (SRI), Procuraduría General de la República (PGR), Contraloría General de la República (CGU) y la dirección de Comunicaciones.
El mayor impasse en el grupo se refiere al alcance que debe tener la regulación. Si bien el Tribunal propone llegar a todos los proveedores de servicios digitales, lo que incluiría plataformas de streaming y las marketplace, aplicaciones de delivery y fintechs, el Tesoro quiere restringir el alcance. La evaluación es que una regulación amplia requeriría aún más articulación y diálogo para aprobar el proyecto, lo que podría estancarlo.
Además, se discute la creación de dos categorías para las empresas afectadas por el proyecto: obligaciones generales (todos los servicios digitales) y obligaciones para grandes empresas (servicios con audiencia masiva, como las redes sociales). Esto permitiría que la legislación clasifique a las llamadas “grandes empresas tecnológicas” de manera más estricta.
El Palacio de Planalto afirmó que las propuestas están en fase de discusión interna y que hasta el momento no hubo “definiciones de la posición del gobierno sobre cuestiones sustanciales y meritorias”.
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