El proyecto busca imponer obligaciones a plataformas digitales de contenido, juegos en línea y otros servicios digitales para prevenir riesgos de explotación, violencia y publicidad abusiva, estableciendo medidas de seguridad y mayores exigencias de transparencia. El texto debe ser ratificado ahora por el Senado.
El proyecto plantea que las redes sociales, aplicaciones y juegos en línea están obligados a crear herramientas y reglas que protejan la seguridad y privacidad de las infancias. En la práctica, deberán prevenir y mitigar los riesgos relacionados con el contacto con contenidos y prácticas como el abuso o la explotación infantil, la violencia y el acoso, la inducción a adicciones o problemas de salud mental, los juegos de azar y las apuestas, la publicidad engañosa, el acceso a contenidos pornográficos y la difusión de diagnósticos médicos sin sustento científico.
El texto también fortalece la protección de datos y la privacidad de niños, niñas y adolescentes, al exigir configuraciones predeterminadas más seguras, prohibir el uso de técnicas de perfilado para publicidad dirigida a menores, y asegurar la disponibilidad de herramientas de supervisión parental accesibles.
La iniciativa dispone además que las plataformas deberán vincular las cuentas de menores a las de sus responsables legales, alertar sobre los riesgos del uso de estos servicios, perfeccionar los mecanismos de verificación de edad y restringir los contenidos que busquen atraer a este público de manera abusiva.
Al mismo tiempo, introduce mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, como la obligación de publicar reportes periódicos sobre los sistemas de moderación y garantizar a instituciones académicas el acceso a datos que permitan evaluar riesgos sistémicos derivados de sus algoritmos.
Las sanciones por incumplimiento incluyen advertencias, multas que van de R$ 10 a R$ 1.000 por usuario registrado del proveedor sancionado —equivalente aproximadamente a US$ 1,8 a US$ 182—, con un monto máximo de R$ 50 millones por infracción -cerca de US$ 9 millones-. Además, contempla la suspensión temporal de actividades o incluso la prohibición de operar en el país.
La Coalición Derechos en la Red (CDR) defendió la aprobación del proyecto y subrayó que se trata de un avance significativo para garantizar la protección integral de la niñez y la adolescencia en el entorno digital. La organización destacó que la iniciativa complementa los derechos y garantías ya previstos en la legislación vigente —como el Estatuto de la Niñez y la Adolescencia y el Código de Protección al Consumidor— y reafirma la prioridad absoluta que deben tener los derechos de niños, niñas y adolescentes en el ámbito digital.
En sintonía, Macaé Evaristo, ministra de Derechos Humanos y de la Ciudadanía de Brasil, defendió la aprobación del proyecto, aludiendo que “ya pasó por un amplio diálogo con participación social directa”. “Sabemos cuánto la ausencia de responsabilización y regulación contribuye al mantenimiento de la impunidad, una marca infeliz que el país carga cuando se trata de violaciones de derechos humanos de grupos históricamente vulnerabilizados”, agregó.
João Brant, secretario de Políticas Digitales de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SECOM), afirmó que la aprobación del proyecto era fundamental, ya que “no se puede aceptar que las infancias continúen siendo expuestas a riesgos como la explotación sexual, el acoso, la manipulación por adicción digital y la violencia en línea”.
“Este no es solo un debate técnico. Es una cuestión de responsabilidad. Necesitamos garantizar que nuestras niñas y niños crezcan en un entorno digital más seguro, saludable y humano”, agregó Brant.
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