Decenas de organizaciones de la sociedad civil respaldaron el Proyecto de Ley 4675/2025, que actualiza la legislación de defensa de la competencia de Brasil, permite designar “agentes de relevancia sistémica” y fortalece al organismo de defensa de la competencia (Cade) para regular a las grandes plataformas. La red advierte, sin embargo, que los umbrales de aplicación y el catálogo de obligaciones son limitados y reclama medidas más firmes contra la concentración.
La Coalición por los Derechos Digitales (CDR) le solicitó a la Cámara de Diputados de Brasil que vote con urgencia el Proyecto de Ley 4675/2025, enviado por el Poder Ejecutivo para regular la competencia en los mercados digitales. Según el gobierno, el objetivo es actualizar el marco de competencia para responder al poder económico de las grandes plataformas tecnológicas.
La red, que agrupa a decenas de organizaciones de la sociedad civil, sostiene que la aprobación de la iniciativa es clave para enfrentar las prácticas anticompetitivas de las grandes plataformas digitales y dotar al Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) de instrumentos adecuados para intervenir en estos mercados. Para la CDR, la iniciativa avanza en la dirección correcta, pero la coalición planteó una serie de advertencias y sugerencias para fortalecer el texto.
El proyecto modifica la Ley 12.529/2011, que rige la defensa de la competencia en Brasil y crea nuevas herramientas específicas para el entorno digital. Entre ellas, establece la posibilidad de que el Cade designe “agentes económicos de relevancia sistémica” en mercados digitales, imponga obligaciones especiales a estas empresas y cree una Superintendencia de Mercados Digitales dedicada a monitorear su actuación.
Para la CDR, la concentración del poder económico en los mercados digitales no solo dificulta la entrada de nuevos actores, sino que también agrava la dependencia de personas, organizaciones y del propio Estado brasileño respecto de unos pocos conglomerados globales. Esa concentración, advierte, amplía la capacidad de estas empresas para controlar “los flujos de información y la forma en que la sociedad se informa en el entorno digital”.
Según la Coalición, los desafíos para regular la competencia en mercados digitales se agravan por la escala global y la opacidad con que operan estas empresas. En ese contexto, considera que el proyecto acierta al establecer mecanismos básicos de gobernanza para los mercados digitales, incluyendo obligaciones de transparencia y reglas de conducta específicas para los agentes sistémicamente relevantes.
La organización, sin embargo, llama la atención sobre las limitaciones de la iniciativa. Una de las principales críticas se dirige a los umbrales de ingreso fijados para clasificar a las empresas como “agentes de relevancia sistémica”: sólo grupos económicos con ingresos brutos globales superiores a 50.000 millones de reales (unos US$ 9.200 millones) o ingresos anuales en Brasil por encima de 5.000 millones de reales podrían quedar sujetos al régimen especial.
En la práctica, advierte la CDR, esto restringirá el alcance de la ley a un número muy reducido de empresas y deja fuera a actores que, aun con ingresos menores, pueden ejercer poder significativo en nichos o segmentos específicos.
Otro punto señalado es que el criterio de clasificación se concentra en el nivel de facturación, sin contemplar otras conductas problemáticas que podrían justificar una supervisión reforzada.
La CDR también advierte que, tal como está redactado, el proyecto corre el riesgo de reproducir los problemas de lentitud que ya se observan en la aplicación del derecho de la competencia. Aunque prevé plazos más cortos, las medidas seguirán dependiendo de un proceso en varias etapas, que comienza en la nueva Secretaría de Mercados Digitales y termina en el Tribunal del Cade.
Al mismo tiempo, la iniciativa incorpora algunas obligaciones consideradas relevantes por la coalición, como la exigencia de ofrecer mecanismos de interoperabilidad gratuitos y eficaces entre los servicios de la empresa y los de terceros, y la obligación de facilitar que las personas usuarias puedan cambiar la configuración e instalar o desinstalar aplicaciones. Medidas de este tipo buscan responder a prácticas como la preinstalación de aplicaciones y el diseño de entornos cerrados, que refuerzan la dependencia de las grandes plataformas y limitan la capacidad de elección de los usuarios.
La posición de la CDR se suma a la de otros actores del ecosistema de gobernanza de internet en Brasil. En una nota pública aprobada en noviembre, el Comité Gestor de Internet (CGI.br) saludó la iniciativa del gobierno federal de proponer una regulación específica de los mercados digitales mediante la actualización de la legislación de competencia y el fortalecimiento del Cade, incluyendo la creación de una superintendencia especializada en mercados digitales.
El CGI.br destacó la necesidad de que esta regulación sea proporcionada y compatible con la promoción de una internet abierta e innovadora, capaz de defender la soberanía nacional, estimular la innovación, la autonomía tecnológica y el desarrollo socioeconómico.
El Comité recordó que ya realizó dos consultas públicas, estudios y notas técnicas sobre la regulación de plataformas digitales y anunció que trabaja en directrices más detalladas sobre el tema. Al mismo tiempo, manifestó su disposición a colaborar con el Congreso en el debate del PL 4675/2025, aportando una perspectiva multisectorial para la construcción de un marco regulatorio que combine competencia, innovación y protección de derechos en los mercados digitales brasileños.
ENLACES RELACIONADOS:
Nota sobre o Projeto de Lei Nº 4675 de 2025 (CONCORRÊNCIA EM MERCADOS DIGITAIS)
Brasil avanza en la discusión de tres proyectos de ley para regular las plataformas digitales