El gobierno de Luiz Inácio “Lula” da Silva aprobó un decreto que actualiza la reglamentación del Marco Civil de Internet (MCI) a partir de una sentencia judicial, y otro con medidas específicas para combatir la violencia digital de género. Las normas establecen nuevas obligaciones para las plataformas digitales y fortalecen las facultades de supervisión de la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD)
El 20 de mayo, el gobierno de Brasil aprobó los decretos N°12.975 y N°12.976, que introducen cambios en la regulación de las plataformas digitales y crean nuevas herramientas para enfrentar la violencia contra las mujeres en entornos digitales, actualizando la reglamentación del Marco Civil de Internet (MCI). Las medidas fueron anunciadas por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto por los primeros 100 días del Pacto Nacional Brasil contra el Feminicidio. Según el gobierno, los cambios buscan adecuar la regulación a los desafíos planteados por la circulación de contenidos ilícitos, las estafas digitales y otras formas de violencia en línea.
El primero de ellos se explica en un contexto de creciente debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales y a casi un año de que el Supremo Tribunal Federal (STF) avanzara en la definición de criterios sobre la responsabilidad de estas empresas frente a contenidos ilegales difundidos por terceros.
Protección reforzada frente a la violencia digital contra las mujeres
Según el gobierno brasileño, el Decreto N°12.976 busca reducir la revictimización de las mujeres y evitar que contenidos violentos permanezcan durante horas o días circulando masivamente en internet.
La norma define la violencia contra las mujeres en entornos digitales como aquellos delitos o actos ilícitos cometidos, facilitados o agravados mediante tecnologías digitales y que provoquen daños físicos, sexuales, psicológicos, políticos o económicos a las mujeres. El decreto incorpora expresamente distintas modalidades de violencia digital, entre ellas la violencia doméstica ejercida mediante medios tecnológicos, el acoso y la persecución en línea, la violencia psicológica facilitada por herramientas digitales, la difusión no consentida de imágenes íntimas, la violencia política contra las mujeres y los contenidos que promuevan odio o aversión hacia ellas.
Establece, además, procedimientos específicos para la remoción de contenidos vinculados con estos hechos. Para ello, las plataformas deberán disponer de canales dedicados para la recepción de denuncias y responder dentro de plazos determinados. Mientras no exista una reglamentación específica, deberán actuar en un máximo de seis horas frente a contenidos manifiestamente ilegales y en hasta veinticuatro horas en otros casos de violencia digital contra las mujeres.
En los casos de difusión no autorizada de contenido íntimo, las plataformas deberán retirar el material en un plazo máximo de dos horas desde la notificación, bloquear automáticamente futuros reenvíos del material mediante mecanismos técnicos y ofrecer un canal específico para el seguimiento de los casos por parte de las víctimas.
Otra de las novedades es la obligación de reducir el alcance y la visibilidad de campañas coordinadas de acoso contra mujeres. Las plataformas deberán actuar incluso sin denuncia previa cuando detecten indicios de este tipo de conductas y deberán dar tratamiento prioritario a los ataques dirigidos contra mujeres periodistas, candidatas, representantes políticas y otras figuras públicas cuya participación en el debate público pueda verse afectada por acciones de intimidación o hostigamiento coordinado.
El decreto también incorpora disposiciones relacionadas con la inteligencia artificial. Prohíbe que las plataformas generen o modifiquen contenido íntimo de terceros mediante sistemas de IA y exige la implementación de salvaguardas técnicas para identificar y bloquear solicitudes destinadas a producir este tipo de materiales.
Más derechos para los usuarios de las plataformas digitales
El decreto N°12.975 introduce cambios relevantes en la reglamentación del Marco Civil de Internet, especialmente en lo relativo a las responsabilidades de las plataformas digitales en materia de moderación de contenidos, transparencia y gestión de riesgos.
La norma establece que las empresas deberán contar con representación legal en Brasil, mantener canales permanentes de denuncia para sus usuarios y adoptar medidas destinadas a impedir redes artificiales de distribución de contenidos ilícitos.
Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de un deber de cuidado para las plataformas respecto de determinados delitos considerados especialmente graves. El decreto prevé la responsabilidad de las empresas cuando exista una falla sistémica en la prevención o remoción de contenidos relacionados con terrorismo, inducción al suicidio, discriminación racial, violencia contra las mujeres, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, trata de personas y ataques contra el Estado democrático de derecho.
La norma aclara que la existencia de contenidos ilícitos aislados no será suficiente para configurar responsabilidad y que la evaluación deberá centrarse en la capacidad de las plataformas para prevenir la circulación masiva de estos contenidos y gestionar los riesgos asociados a sus servicios.
El decreto también incorpora nuevas reglas para la publicidad digital. Las plataformas deberán adoptar medidas para impedir la contratación de anuncios que promuevan actividades ilícitas y podrán ser responsabilizadas cuando contenidos ilegales sean difundidos mediante publicidad paga o “redes artificiales” de distribución. Asimismo, deberán conservar información sobre anuncios y anunciantes durante un año para facilitar tareas de fiscalización.
Finalmente, la norma incorpora obligaciones de transparencia y debido proceso en la moderación de contenidos. Las plataformas deberán publicar reglas claras sobre moderación, informar las razones de las decisiones adoptadas sobre contenidos denunciados, ofrecer mecanismos de revisión para los usuarios afectados y prevenir el uso abusivo de los sistemas de denuncia que pueda afectar la libertad de expresión.
La ANPD asumirá funciones de supervisión
Los decretos asignan un papel central a la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) en la implementación y supervisión de las nuevas obligaciones establecidas para las plataformas digitales.
El Decreto N°12.975 incorpora a la ANPD como organismo responsable de la regulación, fiscalización e investigación de infracciones vinculadas al cumplimiento de los deberes impuestos a las plataformas. Por su parte, el Decreto N°12.976 establece que será la autoridad encargada de supervisar y fiscalizar las disposiciones específicas destinadas a prevenir y enfrentar la violencia digital contra las mujeres.
Según explicó la propia agencia en una nota pública difundida tras la aprobación de los decretos, su función no consistirá en analizar publicaciones individuales ni decidir sobre contenidos concretos. La supervisión estará orientada a evaluar la actuación sistémica de las plataformas y verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa, incluyendo la adopción de medidas para prevenir la circulación masiva de contenidos ilícitos, fraudes digitales y otras prácticas prohibidas.
La ANPD destacó además que su reciente transformación en agencia reguladora fortaleció su autonomía institucional y sus capacidades técnicas para asumir las nuevas atribuciones previstas por los decretos.
Apoyos de la sociedad civil y cuestionamientos de la industria
Asociaciones empresariales como la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), la Cámara Brasileña de la Economía Digital (camara-e.net) y el Consejo Digital de Brasil cuestionaron las nuevas disposiciones. En una carta pública, argumentaron que los decretos convierten en obligaciones concretas cuestiones que aún se encuentran en discusión en los ámbitos judicial y legislativo, lo que podría generar inseguridad jurídica y mayores costos de cumplimiento para los proveedores de servicios digitales.
Sin embargo, los decretos recibieron el respaldo de la Coalizão Direitos na Rede, integrada por más de 40 organizaciones de la sociedad civil. En una declaración pública, la coalición sostuvo que las medidas contribuyen a implementar los criterios establecidos por el Supremo Tribunal Federal (STF), fortalecen la seguridad jurídica y amplían la protección de los usuarios, especialmente de las mujeres frente a distintas formas de violencia digital. La organización también defendió la legitimidad del Poder Ejecutivo para reglamentar aspectos vinculados con la responsabilidad de las plataformas ante la falta de avances legislativos en el Congreso.
ENLACES RELACIONADOS:
Nota pública sobre os decretos de Regulação de Plataformas Digitais
Lula endurece regulación en Brasil para combatir violencia digital contra las mujeres