El Tribunal Superior Electoral aprobó un conjunto de resoluciones que actualizan las reglas del proceso electoral para los comicios que se realizan este año, e introducen límites al uso de inteligencia artificial en la campaña electoral, con medidas dirigidas a prevenir la manipulación de contenidos, regular el comportamiento de plataformas y proteger la integridad del proceso democrático.
Las resoluciones fueron aprobadas por unanimidad el pasado 2 de marzo. Con esta decisión, la autoridad electoral completó la aprobación de todas las normas que regirán el proceso electoral de este año, incluyendo el calendario, las reglas de propaganda electoral, la inscripción de candidaturas, la supervisión del proceso, la rendición de cuentas de campañas y los procedimientos para denuncias y delitos electorales.
Según el vicepresidente del Tribunal y relator de las resoluciones, el ministro Nunes Marques, el objetivo de las nuevas normas es establecer un marco equilibrado que permita el desarrollo del debate electoral sin restringir indebidamente la libertad de expresión política. “El Tribunal Electoral no errará ni por exceso ni por inacción”, señaló durante la sesión.
Las resoluciones aprobadas son el resultado del trabajo de un grupo técnico creado en 2025 y de un proceso de consulta pública que incluyó audiencias realizadas en febrero de este año. En ese proceso se recibieron más de 1.600 contribuciones de partidos políticos, tribunales electorales regionales y representantes de la sociedad civil.
Nuevas reglas para el uso de inteligencia artificial
Uno de los cambios más relevantes se refiere a la actualización de la normativa sobre propaganda electoral, que incorpora disposiciones específicas para el uso de inteligencia artificial en las campañas.
La nueva regulación establece la prohibición de difundir contenidos sintéticos generados o modificados mediante inteligencia artificial cuando no cumplan con las reglas de etiquetado o cuando infrinjan otras prohibiciones previstas en la legislación electoral. También prohíbe volver a publicar contenidos que hayan sido objeto de una orden judicial de retiro si las plataformas no los eliminan inmediatamente tras ser notificadas.
Además, se introduce una restricción temporal específica para cualquier contenido generado con inteligencia artificial: durante las 72 horas previas a la votación y las 24 horas posteriores a la elección no podrá circular ningún nuevo contenido sintético que altere la imagen, la voz o la expresión de candidatos o figuras públicas, incluso cuando esté debidamente etiquetado. La medida busca evitar la difusión de materiales manipulados en el momento más sensible del proceso electoral.
Otra de las disposiciones relevantes establece la responsabilidad de las plataformas digitales en caso de no retirar contenidos o cuentas que difundan material sintético que viole las reglas electorales. En esos casos, las plataformas pueden ser consideradas responsables si, una vez notificadas, no proceden a la eliminación inmediata del contenido.
La regulación también prohíbe que los sistemas de inteligencia artificial ofrezcan recomendaciones de candidatos, incluso cuando el usuario las solicite, con el objetivo de evitar interferencias algorítmicas en el proceso de decisión del voto.
Protección frente a violencia política y contenidos manipulados
Las nuevas normas también incorporan disposiciones dirigidas a combatir la violencia política en línea, en particular contra mujeres que participan en la contienda electoral. La resolución prohíbe la creación o difusión de imágenes, videos u otros materiales manipulados que incluyan escenas de carácter sexual, desnudez o contenido sexual no consentido vinculadas a candidatas.
Asimismo, se prohíben los perfiles falsos, apócrifos o automatizados en redes sociales cuando exista evidencia reiterada de conductas que puedan comprometer la integridad del proceso electoral.
En paralelo, el tribunal actualizó la normativa sobre delitos electorales para incluir expresamente el uso indebido de contenidos sintéticos generados mediante inteligencia artificial como una conducta que puede ser investigada y sancionada cuando afecte el proceso electoral.
Las elecciones generales de 2026 definirán los cargos de presidente de la República, gobernadores estatales, senadores, diputados federales y diputados estaduales o distritales. Con las resoluciones aprobadas, el Tribunal busca establecer reglas claras para el desarrollo del proceso electoral y responder a los desafíos que plantean las nuevas tecnologías en el ámbito político.
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