La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que solo mantendrá multas -aunque más reducidas que las de la norma actual- por la operación ilegal de servicios y equipos de radiodifusión. Los cambios toman en cuenta reclamos históricos del sector comunitario y buscan adecuar la normativa a estándares internacionales
El martes 6 de junio la Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto de ley que establece cambios en las penas para la radiodifusión no autorizada –Boletín 10456-15-, a través de modificaciones en el artículo 36B de la Ley General de Telecomunicaciones.
La normativa aprobada establece que quienes operen ilegalmente servicios de radiodifusión, no sean sancionados con penas de cárcel, ni tampoco sufran la incautación del equipamiento y/o de las instalaciones. Las únicas penas que se mantienen son las multas -tanto para quienes operan como para los que presten su propiedad para efectuar servicios de radiodifusión no autorizados- las cuales se reducirán a entre 1 y 50 UTM -desde los 70 US$ hasta los 3700 US$-. La ley vigente hasta ahora dispone que las multas son entre 5 y 300 UTM.
Las radioemisoras comunitarias ciudadanas de libre recepción que no cuenten autorización, también serán multadas, no obstante, se excluye de cualquier sanción a las “estaciones que operen bandas locales y comunitarias emplazadas en zonas aisladas”.
La diputada Ana María Gazmuri, celebró el avance del proyecto como una “gran noticia” y como algo “justo y necesario para tantos medios comunitarios que cumplen una importante labor en los territorios”. “No más detenidos, no más pérdida de equipos. Avanzamos”, sostuvo.
El Ministerio Secretaría General de Gobierno de Chile había manifestado a fines de 2022 que había avances para modificar el artículo 36B, buscando despenalizar sanciones a las emisoras, en sintonía con un reclamo del sector comunitario de larga data. A su vez, el gobierno, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL), impulsaron el tratamiento de la iniciativa.
Desde OBSERVACOM se analizó esta problemática en el informe “Entorno regulatorio y políticas públicas para la sostenibilidad de los medios comunitarios en Chile”, en el cual se sugiere quitar las “penas de presidio y persecución penal a las emisoras sin autorización”.
El proyecto tuvo origen en el Senado, pero al tener cambios en la Cámara de Diputados, pasará nuevamente por la cámara alta -en el llamado tercer trámite constitucional-, para considerar estas modificaciones.
ENLACES RELACIONADOS:
Operación no autorizada de radios solo recibirá sanción administrativa
Entorno regulatorio y políticas públicas para la sostenibilidad de los medios comunitarios en Chile