La Suprema Corte de Justicia llamó en 2021 a reformar la Ley de Comunicación Social, ya que “vulnera la libertad de expresión” al no prever “criterios de asignación claros y precisos para el gasto”. Sin embargo, venció la segunda prórroga que el Congreso pidió para cumplir con lo dictaminado y aún no hay ningún pronunciamiento
En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN) dispuso que la Ley General de Comunicación Social de 2018 -la cual regula entre otros aspectos el gasto de publicidad oficial por parte de los entes públicos- era inconstitucional y debía reformarse buscando evitar la “discrecionalidad” y prevenir que estos recursos se utilicen como un “mecanismo de censura indirecta o como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión”. La SCJ tomó la decisión de declarar inconstitucional la ley tras un amparo presentado por la Oficina para México y Centroamérica de la organización civil Artículo 19.
La Corte estableció que la ley debía reformarse a finales de 2021 pero aún no se ha propuesto ni aprobado ningún cambio habiendo vencido ya la segunda prórroga que el Congreso pidió para expedirse.
Según el dictamen de la Corte, la reforma debería “esclarecer y detallar” los criterios y procedimientos por los cuales se ejecuta el gasto en comunicación social y, a su vez, disponer de “procedimientos concretos y reglas específicas” que garanticen la distribución de estos recursos. La SCJN considera que de acuerdo a la actual ley, hay asignaciones arbitrarias que pueden terminar en “censura indirecta” hacia ciertos medios de comunicación.
Por los motivos expuestos anteriormente, la resolución de la Corte sostiene que la Ley de Comunicación Social carece de reglas para estar en sintonía con los principios en materia de propaganda oficial que se disponen dentro del artículo 134 de la Constitución Federal de México.
En el año 2018, Artículo 19 impulsó el colectivo “MediosLibres”, con el objetivo de promover una iniciativa que regule la publicidad oficial en México acorde con lo dispuesto por “la Corte, la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos en materia de libertad de expresión y derecho a la información”.
Desde Artículo 19 habían exigido al Congreso darle prioridad a este tema, ya que según expresaron, la sociedad mexicana espera por una ley que regule la publicidad oficial con un “enfoque de derechos humanos” y que promueva la “pluralidad mediática y la democratización de los medios de comunicación”.
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