Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, culpó al regulador de telecomunicaciones (SUTEL) de entregar estudios de factibilidad incompletos e insinuó un posible apagón de la radio y televisión, aunque más tarde se informó que el gobierno garantizará la continuidad de las señales. SUTEL considera que cumplió con lo requerido
El próximo 28 de junio vencen los actuales contratos de concesiones de frecuencias de todas las emisoras de radio y TV de Costa Rica, y hay gran incertidumbre sobre si el gobierno optará por renovarlos de manera automática, si realizará una prórroga del plazo, o si llamará a concurso para que puedan ingresar nuevos actores en competencia con los actuales.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, afirmó que si “se apagan las señales de las empresas de radio y televisión sería culpa de SUTEL”, el organismo regulador de telecomunicaciones. Desde 2023, el gobierno sostiene que los contratos de concesiones deberían evaluarse, y culpó a la Superintendencia de Telecomunicaciones por la demora en tomar una decisión, asegurando que no entregó a tiempo el estudio de factibilidad con la información para determinar qué realizar con las licencias.
No obstante, la ministra del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Paula Bogantes, manifestó que desde la cartera están comprometidos con garantizar la continuidad de las señales de radio y televisión pública.
La SUTEL sostiene, que su accionar es transparente y conforme a sus competencias, y aseguró que ya cumplió con su cometido y brindó la información requerida. Sin embargo, aclararon que se había solicitado más información al Micitt para completar los estudios, sin recibir una respuesta.
Durante 2023, el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) -adscrito a la Rectoría de la Universidad de Costa Rica- sostuvo en un informe que era necesario actualizar la normativa que guía la administración de las frecuencias -que tiene su origen en la Ley de Radio de 1954-, estableciendo procedimientos claros, transparentes, donde se tengan en cuenta criterios no solamente “técnicos”, sino también de “pluralismo y diversidad”.
En esta línea, PROLEDI aseveró que el actual marco legal puede generar “múltiples interpretaciones” derivando en “mucha discrecionalidad al Poder Ejecutivo en la adjudicación de las nuevas frecuencias”.
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