Gobierno de Costa Rica evalúa posibilidad de no renovar automáticamente las concesiones de radio y TV

Foto: Bandera de Costa Rica.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, expresó que se evaluarán cambios en el otorgamiento de licencias. Esto supondría la realización de llamados a concurso abiertos donde participen actuales operadores y nuevos interesados
Foto: Bandera de Costa Rica.

El pasado 8 de febrero el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, afirmó en una conferencia de prensa que deberán evaluarse los actuales contratos de concesiones de frecuencias de radio y TV en el país, las cuales vencen en 2024 y 2025. Según ha trascendido, esto podría dar lugar a que las concesiones actuales no se renueven automáticamente y se llame a concursos donde puedan participar nuevos postulantes por esas frecuencias.

Cabe destacar que a finales de 2022 el gobierno había manifestado públicamente que estaba buscando opciones “jurídicamente viables” para adecuarse al interés general en “materia de radiodifusión sonora y televisiva”

En conversación con OBSERVACOM, Giselle Boza Solano, coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) -programa adscrito a la Rectoría de la Universidad de Costa Rica-, afirmó que el gobierno tiene dos opciones con respecto a los actuales contratos de concesiones. Podría prorrogar automáticamente las concesiones -según la Ley de Radio Nº1758-, o aplicar la Ley General de Telecomunicaciones y establecer un procedimiento concursal.

Según Boza, desde el PROLEDI se promueve la necesidad de revisar el marco jurídico que rige las concesiones, el cual consideran confuso y “obsoleto”, ya que se necesitan nuevos criterios más claros y transparentes para el otorgamiento de concesiones.

También destacó que sería importante dar “seguridad jurídica” a operadores actuales, puesto que el gobierno tiene “enfrentamientos con medios de comunicación”. Preocupa que el gobierno utilice los procesos concursales para “beneficiar a aliados políticos”.

En otro orden, Boza manifestó que la normativa vigente no contiene mecanismos para evitar la concentración de frecuencias en manos de pocos medios o grupos económicos, no “promueve el pluralismo y diversidad” y tampoco reconoce a medios comunitarios.


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