El proyecto de reforma fue presentado al Plenario Legislativo en agosto del 2021 y admitido para su estudio el 26 de mayo pasado con el argumento de que “el acceso a las tecnologías de información y comunicación se traduce en un instrumento para facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales”, ya que las telecomunicaciones se convirtieron en algo indispensable en el día a día de la sociedad. Con la aprobación de este proyecto el Estado debería emprender acciones para lograr un acceso y aprovechamiento universal de las TIC.
El párrafo que se propone agregar expresa que “toda persona tiene el derecho humano a la conectividad, tecnologías de información y telecomunicaciones, con acceso universal en todo el territorio nacional. El estado garantizará, protegerá y preservará ese derecho. La ley regulará esta materia”.
Debido a las “limitaciones tecnológicas para la conectividad a internet y acceso a redes de alta velocidad”, la aprobación puede traer beneficios para el teletrabajo, y el acceso de las zonas rurales, así como ser una herramienta para la construcción del desarrollo económico y social y colaborar con el cumplimiento de otros derechos humanos, como la libertad de expresión, información y educación.
Según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones, el nivel de acceso a internet por cada 100 habitantes en Costa Rica, era de un 16,6% en 2018, por debajo de Chile, Argentina y Uruguay.
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