El máximo tribunal constitucional suspendió de manera provisional la subasta de frecuencias de radio y televisión abierta en Costa Rica “ya que podría existir una reducción de al menos dos tercios de las actuales frecuencias activas”. Organizaciones de libertad de expresión, la academia y asociaciones de prensa advirtieron anteriormente que los altos precios base y los exigentes requisitos técnicos y económicos podrían dejar fuera a numerosas radios y canales regionales, pequeños y comunitarios.
El 21 de noviembre se había cerrado el plazo para presentarse al concurso para obtener nuevas concesiones de radio y TV -bajo la modalidad de subasta económica, donde gana el que oferte más dinero- y solo se presentaron 25 emisoras que actualmente transmiten (20 para radio FM, 1 para AM y 4 para televisión) para las 85 frecuencias puestas a subasta. Decenas de radios de todo el país no participaron, argumentando que no podían asumir los precios base fijados ni las condiciones técnicas exigidas.
El proceso establecía que los interesados abonaran precios bases que iban desde ₡4,8 millones (unos US$ 9.700) para ofrecer servicios de radio AM hasta ₡800 millones (unos US$ 1,6 millones) para televisoras de alcance nacional, además de una serie de requisitos técnicos y económicos que aumentaban las barreras de acceso.
Desde su anuncio, el modelo había generado preocupación en distintos sectores. El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Programa de Libertad de Expresión de dicha universidad, y el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación (Colper), entre otros, cuestionaron que la subasta priorizaba la capacidad de pago por encima de criterios de pluralismo, uso social del espectro y diversidad de voces, lo que podría traducirse en la salida del aire de medios pequeños, comunitarios, regionales, culturales y religiosos.
IPLEX advirtió que los requisitos dispuestos “no fortalecen el ecosistema mediático, sino que lo debilitan”, porque solo pueden ser cumplidos por grandes operadores comerciales. Según la organización, el proceso “amenaza con expulsar del espectro a medios pequeños, comunitarios y regionales, pilares esenciales del pluralismo democrático”.
Desde la academia, el Consejo Universitario de la UCR instó al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y a Sutel a suspender precautoriamente la licitación, al considerar que los requisitos son desproporcionados y podrían producir un “cierre técnico” de medios actualmente en operación. El órgano universitario advirtió, además, que el diseño de la subasta podría constituir una restricción indirecta a la libertad de expresión, contraria al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al favorecer la concentración de frecuencias en pocas manos.
En paralelo, Colper sostuvo que las reglas fijadas para la subasta ponen barreras económicas y técnicas que favorecen sobre todo a los grandes grupos, y que eso puede sacar del aire a medios con décadas de trabajo comunitario y generar pérdida de empleos en las regiones fuera del centro del país.
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