Decreto del nuevo gobierno argentino aumenta límites a la concentración mediática y simplifica la privatización de los medios públicos

Vía DNU el gobierno de Javier Milei realizó cambios a la normativa actual de servicios de comunicación audiovisual y la de telecomunicaciones y TIC, derogando límites a la concentración a nivel nacional para servicios de radiodifusión, y simplificando procedimientos y quitando obstáculos para ofrecer TV satelital. A su vez, se convierten en sociedades anónimas todas las sociedades del Estado, simplificando así, el proceso de privatización de los medios públicos

En la jornada del 20 de diciembre, el recientemente asumido gobierno liderado por el presidente por Javier Milei publicó en el Boletín oficial el DNU 70/2023 -Decreto de Necesidad y Urgencia- titulado “Bases Para La Reconstrucción De La Economía Argentina”, el cual contempla 366 medidas.

El decreto incluye la supresión de los límites a la concentración de radio y TV a nivel nacional, quita la prohibición de propiedad cruzada entre quienes ofrecen el servicio de TV satelital y otros servicios de TV, y convierte a todas las sociedades del Estado en sociedad anónimas, por lo que se habilita la privatización de medios públicos como Télam y Radio Nacional.

La medida gubernamental dispone cambios sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –Ley 26.522-, modificando el artículo 45 para suprimir las limitaciones sobre la cantidad de licencias de radio y TV que se pueden poseer a nivel nacional, estableciendo sólo límites a niveles locales, algo que el experto e investigador Martín Becerra, calificó como “inédito en comparación con la regulación vigente en EEUU, Europa y en la historia argentina”.

Asimismo, el artículo 46 de la Ley 26.522 se suprime, habilitando a los servicios de TV por satélite a brindar cualquier otro servicio de TV -antes solo podían transmitir servicios de televisión abierta-, igualando la potestad que ya usufructuaba la TV cable.

Por otro lado, los servicios satelitales ya no precisarán de una licencia para ofrecer sus prestaciones -tal como se disponía en la Ley de Telecomunicaciones y TIC, sino que solamente deberán registrarse.


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