En medio de fuerte polémica avanza la reforma de la Ley de Telecomunicaciones en México

Foto: Presidenta de México, Claudia Sheinbaum

La iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo fue aprobada en comisiones del Senado en menos de 24 horas y buscaba ser votada en el pleno este lunes 28 de forma exprés, pero ante diversas alertas se anunció que se abrirá un plazo de consulta pública con conversatorios entre el 8 y el 22 de mayo
Foto: Presidenta de México, Claudia Sheinbaum

Una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, avanza en el Senado mexicano con un tratamiento acelerado. La iniciativa ingresó el 23 de abril y fue aprobada por comisiones al día siguiente, con expectativas de ser votada en el pleno el pasado lunes. Sin embargo, la propia presidenta expresó que se extenderá su tratamiento, luego de críticas generalizadas por la falta de debate.

Recientemente, la Junta de Coordinación Política del Senado confirmó que se aplazará el proceso legislativo de la iniciativa, aprobando la realización de cinco conversatorios entre el 8 y el 22 de mayo para debatir la nueva Ley. Las sesiones, con participación de especialistas, legisladores y sociedad civil, abordarán temas como políticas del sector, servicios digitales, radiodifusión y derechos de usuarios y audiencias.

Diversas organizaciones y entidades han manifestado su preocupación frente el texto aprobado en comisiones. La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó al Senado a “garantizar espacios de consulta y considerar estándares internacionales en libertad de expresión, información, privacidad, derechos digitales e indígenas”.

Artículo 19 advirtió que el proyecto establece “un régimen de control gubernamental del Ejecutivo sobre la asignación del espectro radioeléctrico, las concesiones y la supervisión”, lo que podría facilitar la censura y beneficiar a actores afines al gobierno.

Desde el sector comunitario, AMARC México sostuvo que es necesario revertir la exclusión histórica de los medios indígenas, afromexicanos y comunitarios. Propuso, entre otros puntos, reservar un 33% del espectro para estos medios, destinar al menos el 20% de la pauta oficial, y crear un fondo público independiente para apoyar su sostenibilidad.

Por su parte, la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) -que reúne a las plataformas digitales como Meta y Google- señaló que el proyecto contraviene principios constitucionales y estándares internacionales, y expresó su preocupación ante disposiciones que equipararían a los servicios digitales y plataformas de Internet con los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

La organización R3D México, sostuvo que tal cual está redactado la propuesta, “posibilitaría llevar a cabo una restricción extrema a la libertad de expresión en Internet sin la necesidad de una orden judicial que determine que un contenido o una acción es ilegal y de la gravedad para justificar dicha medida”.


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