Diversas asociaciones de reguladores de Europa, África y América Latina apoyaron que se establezcan obligaciones de “debida diligencia” y transparencia sobre las grandes plataformas de Internet, así como el establecimiento de sistemas de regulación independientes que respeten la libertad de expresión y estén sujetos a la supervisión del Poder Judicial
Redes de reguladores audiovisuales apoyaron el compromiso de la UNESCO de impulsar el debate de la regulación de las plataformas digitales de Internet, mediante directrices que orienten regulaciones democráticas para gobiernos, empresas y reguladores. Los organismos también manifestaron su intención de contribuir en un espacio diverso para debatir e intercambiar mejores prácticas en términos de regulación, buscando asegurar el cumplimiento de la libertad de expresión y a su vez, garantizar la información como un bien público.
La posición fue plasmada durante la Conferencia Global “Por un internet confiable” realizada en París, en una declaración firmada por la Plataforma de Reguladores Audiovisuales Iberoamericanos (PRAI), la Red Mediterránea de Autoridades Reguladoras (MNRA), la Red Francófona de Reguladores de Medios (REFRAM), el Grupo Europeo de Reguladores de Servicios de Medios Audiovisuales (ERGA) y la Red Africana de Autoridades Reguladoras de las Comunicaciones (ACRAN). A su vez, la Red Global de Reguladores de Seguridad en Línea (GOSRN) también apoyó el proceso.
Las diversas redes expresaron que apoyan la intención de la UNESCO de establecer obligaciones de “debida diligencia” y transparencia sobre las plataformas, “especialmente, en términos de gestión de contenido en línea para la seguridad de los usuarios, bajo la supervisión de un sistema de regulación”.
Quienes lideran las redes se comprometieron a implementar sistemas de regulación que sean coherentes con las leyes y apoyaron la promoción de sistemas de regulación de contenido independientes, que estén sujetos a la supervisión del poder judicial y respeten derechos como el de la libertad de expresión.
En términos de contenidos, las organizaciones consideran que deberían tratarse aquellos que puedan afectar derechos humanos y la democracia, haciendo énfasis en contenido que incluya “odio, incitación a la violencia, acoso y discriminación contra las mujeres, las minorías y otros grupos vulnerables, y la información errónea o la desinformación”.
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