Se pretenden pasar las facultades de varios organismos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el regulador de acceso a información pública, directamente al gobierno. El regulador de la radio, la TV y las telecomunicaciones sostiene que la iniciativa es un retroceso para las audiencias. Para organizaciones de la sociedad civil también implicaría una regresión en la “garantía de los derechos humanos de las personas y al esquema de controles y contrapesos democráticos”
El lunes 5 de febrero el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso un paquete con 20 iniciativas de reforma constitucional donde, entre otros temas, incluye la eliminación de organismos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales (INAI) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
El argumento del gobierno es que estas dependencias ostentan un gasto “innecesario” y “oneroso”, y que no trabajan eficientemente, por lo que se busca que una dependencia gubernamental -la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)- absorba las atribuciones de estos organismos. Desde el regulador de telecomunicaciones se sostiene que la propuesta “representa un retroceso en perjuicio de las personas usuarias y audiencias”.
El IFT manifestó en un comunicado público que la iniciativa del oficialismo –que a fines del año pasado ya había sido adelantada por el presidente mexicano-, implicaría volver a un modelo que demostró dificultades para lograr y asegurar que haya “más estaciones de radio y televisión donde pudieran expresarse mayor diversidad de voces y opiniones”.
Por otro lado, desde el regulador mexicano se sostiene que la autonomía que este órgano ha logrado es necesaria para que las decisiones sean efectuadas con criterios técnicos y en beneficio de la sociedad.
Asimismo, organizaciones como Artículo 19 México y Centroamérica; Fundar, Centro de Análisis e Investigación y el Observatorio de Designaciones Públicas, sostuvieron que la desaparición de estos organismos autónomos supondría “importantes regresiones en la garantía de los derechos humanos de las personas y al esquema de controles y contrapesos democráticos”.
Durante 2023, tanto la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) como la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA) expresaron en un comunicado su rechazo a la propuesta del gobierno, argumentado que estos organismos autónomos son cruciales para tutelar “los derechos fundamentales de los ciudadanos”, sosteniendo que en vez de suprimirlos, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deberían fortalecerlos.
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