Quienes defienden al organismo afirman que las funciones que cumple son “específicas e irremplazables”
El proyecto presentado por once diputados del principal partido opositor, propone que los recursos otorgados a este organismo sean destinados a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares que depende del Ministerio de Cultura de la Nación, para comprar libros.
Según los impulsores de su cierre, la Defensoría del Público es un organismo que “solo recibe denuncias” y la existencia del mismo “no tiene fundamentación clara”. También afirman que el presupuesto destinado a la cultura no se puede utilizar para sostener “estructuras burocráticas y usinas de pensamiento único cuyo sentido último es ejercer la censura”.
Por otro lado, especialistas vinculados al sector de las comunicaciones y personalidades de la cultura y la política manifestaron su rechazo al proyecto alegando que «las funciones de la Defensoría son específicas e irremplazables», ya que esta genera “audiencias activas frente a la comunicación masiva concentrada promoviendo la democracia infocomunicacional”. A la vez que “repara derechos vulnerados a través de espacios de debate y formación” y vela por un “pluralismo audiovisual».
En ese sentido, desde la Defensoría del Público también expresaron su discrepancia con el intento de cierre, argumentando que el organismo «no tiene ninguna potestad sancionatoria. Actúa llevando adelante las tareas pedagógicas y preventivas que fija la ley con total responsabilidad. No censura, no señala periodistas. Colabora con ellas y ellos ofreciéndoles decálogos, acercándoles información y capacitaciones para el ejercicio de su trabajo profesional”.
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