Numerosas instituciones y organizaciones alertan que las decisiones del gobierno conducen a achicar la diversidad y pluralismo del sistema mediático. El investigador Ernesto Lamas, sostiene que dichas medidas también afectan directamente a los medios comunitarios
Diversas organizaciones del sector de la comunicación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertaron en una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), sobre decisiones del actual gobierno de Javier Milei que conducen a una mayor concentración empresarial del sistema de medios del país (ya de por sí concentrado) y a la reducción del pluralismo y diversidad de medios. Aseguran que se han desafectado “líneas específicas para sectores vulnerables” como los medios comunitarios.
La denuncia detalla otras medidas que consideran afectan el derecho al acceso a la información y la libertad de expresión, como por ejemplo el proceso de reorganización realizado en el sistema de señales de televisión y radios del Estado, donde se suspendieron los contenidos de las redes sociales y páginas web de la Televisión Pública, Radio Nacional, emisoras del interior y Paka Paka, entre otras.
Esta restricción “amenaza la igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación” y “afecta el acceso al archivo de documentos públicos de estos medios, y dificulta mantener una memoria y archivo de los sucesos de la nación a nivel federal”, asevera el documento.
Con respecto al impacto en el sector comunitario, Ernesto Lamas -socio del CELS e investigador asociado de OBSERVACOM- sostuvo que actualmente los medios comunitarios están siendo particularmente afectados, ya que actualmente se encuentran suspendidos los concursos de adjudicación de licencias, y tampoco está activo el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), destinado a medios sin fines de lucro y de pueblos originarios, que financia producciones y brinda apoyo en de gestión e infraestructura.
Lamas destacó que el retiro del Estado detallado en la carta enviada a los organismos del Sistema Interamericano de DDHH termina beneficiando a los medios concentrados y a “quienes tienen mejor condiciones para enfrentar las situaciones de crisis”.
Además del CELS, también firmaron el documento la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) de Argentina, el Centro de Investigaciones Industrias Culturales y Espacio Público de la Universidad Nacional de Quilmes, la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la Red de carreras de Comunicación Social y Periodismo, la Red de Medios Digitales, y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires.
En el documento se resalta que durante el mes de febrero estas organizaciones ya habían enviado un petitorio a la CIDH y la RELE, donde se denunciaban acciones del gobierno que incumplirían los estándares de libertad de expresión, advirtiendo que las políticas de comunicación del gobierno iban a traer “menos pluralismo, menos federalismo y menos diversidad”.
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