El Congreso de Argentina discute un amplio proyecto de ley “ómnibus” en el que incluye la supresión de un fondo de fomento concursable para medios comunitarios, la eliminación de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y la privatización de los medios públicos. El gobierno ya había aprobado un decreto que eliminó los límites a la concentración de radio y televisión a nivel nacional

El pasado 2 de febrero la Cámara de Diputados de Argentina aprobó en general la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, una iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei, conocida como “ley ómnibus” por la diversidad de temas que incluye.
La iniciativa -que comenzará a votarse en particular en la cámara baja esta semana- pretende la eliminación del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), que está destinado a medios sin fines de lucro y de pueblos originarios -financiando producciones y brindando apoyo de gestión e infraestructura-, el cual se compone del 10% de lo que recauda el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
El Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) expresó su “preocupación” ante la intención de eliminar este fondo, asegurando que el FOMECA surgió ante “recomendación de diversos sectores, expertos, instituciones, y organismos internacionales para fomentar la pluralidad de voces”.
A su vez, desde FARCO aseguran que el Fondo cuenta con mecanismos de transparencia en sus concursos, los cuales son “abiertos y evaluados por jurados independientes” y deben ser aprobados por el directorio de ENACOM -con representación del oficialismo y la oposición-.
El investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Agustín Espada, sostuvo que la eliminación de los FOMECA supondría “un daño gigante para la libertad de expresión”.
Si bien Espada manifestó que el Fondo posee cuestiones a mejorar y pendientes, aseguró que “beneficia a cientos de medios cooperativos, de pueblos originarios y comunitarios que producen contenidos locales y no comerciales”, a la vez que “supone una reivindicación a una historia de postergación y discriminación del sector que fue decomisado y perseguido por años”.
Por otro lado, el proyecto de “ley ómnibus” también propone eliminar la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual -organismo que tutela los derechos de las audiencias y no tiene ninguna potestad sancionatoria-, e incluye la privatización de sociedades del Estado como Radio y Televisión Argentina S.E. (que incluyen la TV Pública y Radio Nacional) y la que gestiona la Agencia Télam.
Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) rechazaron estos cambios que propone el proyecto de ley, asegurando que son “decisiones que afectan a la libertad de expresión y al derecho a la información”.
Mayor concentración mediática
Una de las primeras medidas del gobierno argentino fue efectuar cambios en la normativa de servicios de comunicación audiovisual y la de telecomunicaciones y TIC -a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)-. Tales modificaciones implican la supresión de límites a la concentración a nivel nacional para servicios de radio y TV abierta, y la simplificación de procedimientos para tener una licencia de TV satelital, la cual desde ahora es considerada como un servicio de telecomunicaciones, por lo cual no le alcanzan las regulaciones como medio de comunicación masivo.
Por otro lado, el decreto dispuso la conversión de todas las sociedades del Estado en sociedades anónimas (lo que incluye a TV Pública, Radio Nacional y Télam), un paso necesario para el objetivo explicitado por el gobierno de privatización de los medios públicos.
Intervención gubernamental
Otras de las novedades de los últimos días es que a través de dos decretos, el Presidente dispuso la intervención del regulador de telecomunicaciones y servicios audiovisuales ENACOM, así como de los medios públicos, argumentando la necesidad de auditar, reformular y adecuar el funcionamiento de estas entidades. En el caso de estos últimos, para prepararlos para su venta, estiman analistas locales.
En efecto, Ricardo Porto, especialista en medios de comunicación, sostuvo que la actual intervención de los medios públicos “representa una medida regresiva, que excluye de la conducción de los medios del Estado Nacional a representantes de fuerzas políticas opositoras y expertos de las ciencias de la comunicación”.
Por otro lado, Santiago Marino, investigador asociado de OBSERVACOM, opinó que la intervención del ENACOM era “innecesaria y antidemocrática, aunque no sea inconstitucional”. “Todas las auditorías podrían realizarse sin necesidad de intervenir. Lo único que logra es centralizar en el Poder Ejecutivo y desplazar al Congreso”, agregó.
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