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Asociación de Periodismo Digital de Brasil sostiene que artículo del proyecto de ley 2630 pone en riesgo la pluralidad

El consejo de la Asociación de Periodismo Digital (Ajor) manifestó en una carta abierta que el proyecto de ley referido a las Fake News pone en peligro la pluralidad del periodismo en Brasil.

Según lo expresado, la Cámara de Diputados se prepara para votar el texto aprobado en el Senado. El artículo 38 del texto, obligaría la remuneración a través de plataformas digitales a los productores de periodismo. Ajor, en el documento, muestra su preocupación ya que “iniciativas similares en el extranjero y las declaraciones de los directivos de las plataformas han demostrado que este tipo de remuneración al periodismo puede generar distorsiones en el mercado”.

Como ejemplo, mencionan la legislación de Australia, destinada a transferir recursos de las empresas de tecnología para el financiamiento del trabajo de los periodistas. En ese sentido, se advierte sobre la falta de transparencia y la discrecionalidad de las plataformas, que no solo eligen los valores, sino también deciden con quién comerciar y con quién no.

Según Ajor, el efecto de esta normativa es que las grandes empresas de medios llegaron a acuerdos y aumentaron el número de reporteros en las salas de redacción. Pero el público no sabe cuánto dinero se está invirtiendo, ni los criterios que se utilizan para definir esa cantidad. Los propios editores entran en negociaciones con gigantes tecnológicos como Google y Facebook, en clara desventaja, sin saber cuánto reciben sus competidores.

“La falta de gobernanza sobre las inversiones abre la posibilidad de que los recursos no se dirijan a la producción periodística, sino a otros intereses de las empresas de medios. Y la ironía final: los reporteros acostumbrados a divulgar información de interés público están obligados por sus propios jefes”, afirmó el documento.

Ajor expuso que la redacción era vaga, y que dejaba un espacio para que pudiera intervenir el Ejecutivo, pudiendo regular temas sensibles como la forma de remuneración o los criterios de cálculo de monto adecuado. “Si el periodismo es un bien público, su financiación debería ser una política de Estado, no de gobierno”, expresó la asociación.

La organización propone al Congreso discutir el tema con madurez, “aprendiendo de las experiencias en el exterior y escuchando a la sociedad para desarrollar una legislación capaz de promover el buen periodismo brasileño, no asfixiándolo”.

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