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OBSERVACOM considera un progreso el proyecto de ley de plataformas de Internet de Brasil, aunque entiende que hay puntos para seguir discutiendo

OBSERVACOM manifestó a través de un análisis, que el proyecto de ley para las plataformas de Internet (PL2630) es un avance positivo para los derechos de los usuarios en internet. El documento expresó que el texto aprobado en el Grupo de Trabajo de la Cámara es el resultado de un diálogo abierto y multisectorial y un logro de la sociedad civil organizada que busca defender los derechos digitales. Asimismo, este avance puede servir como referencia para toda América Latina.

Dentro de los puntos positivos del proyecto se destaca la regulación asimétrica en función del tamaño de las plataformas, abarcando solamente a las empresas con ánimo de lucro que tengan más de 5 millones de usuarios en Brasil.

A su vez, se enfatiza que se regularían solo redes sociales, motores de búsqueda y aplicaciones de mensajería instantánea, sin aplicar la normativa a “enciclopedias en línea sin ánimo de lucro, repositorios científicos y educativos, plataformas de desarrollo e intercambio de software de código abierto y plataformas cerradas para reuniones virtuales por vídeo o voz”.

La regulación estaría centrada en los procedimientos de moderación de contenido y de transparencia de perfil y cuentas y no en los contenidos, es decir, no se obligará al sector privado a definir que puede o no circular en las plataformas.

Con respecto a la transparencia, se pedirá la elaboración de informes semestrales, con el objetivo de informar, por ejemplo, sobre procedimientos y decisiones “relacionados con la intervención activa de cuentas y contenidos generados por terceros dentro de los perfiles operados en el territorio”.

Se destaca también los derechos de los usuarios/as a ser notificados sobre las intervenciones que realice la empresa en los contenidos y cuentas, el derecho a la indemnización y la fijación de plazos para que las empresas respondan. Así como la obligación de que las empresas tengan representación legal en el país.

Por último, se avanza en transparencia sobre publicidad política y contenidos promocionados estableciendo la obligación de identificar la publicidad política y que “las plataformas deban facilitar la identificación de todos los contenidos promocionales y publicitarios que se hayan promocionado a cambio de un pago”.

Por otro lado, se destaca que hay algunos artículos que no son adecuados “incluso incompatibles con estándares internacionales”, por lo que se recomienda seguir con su discusión.

Entre ellos se encuentra la inmunidad total a cuentas de parlamentarios en redes sociales que, según se entiende, puede “abonar el terreno para que crezcan las figuras autoritarias y las que coquetean con propuestas violentas”, y frente a esto, las plataformas no podrían tomar ninguna medida.

Otro de los puntos que genera dudas es la exigencia de remuneración de contenidos a los medios de comunicación, ya que el texto no es preciso y está sujeto a la regulación gubernamental discrecional, lo que significaría “una carta en blanco para la definición de una política de tal importancia e impacto en los medios y la propia democracia”.

A continuación, compartimos el documento de nuestro análisis acerca del Proyecto de Ley 2630.

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