Importantes organizaciones sociales de Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos alertaron sobre problemas vinculados al funcionamiento de las plataformas digitales, como la explotación de datos personales, la concentración económica y los diseños adictivos, y pidieron informes temáticos y parámetros regionales para que rindan cuentas
Desde la explotación y la transferencia transnacional de datos personales hasta los diseños adictivos y los riesgos emergentes de los chatbots de inteligencia artificial, pasando por la concentración de poder económico y su incidencia sobre el debate público, organizaciones de la sociedad civil expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) distintos impactos del actual modelo de negocio de las grandes plataformas digitales.
Las intervenciones tuvieron lugar durante la audiencia regional “Rendición de cuentas de las plataformas digitales y su impacto en los derechos humanos”, celebrada en Washington D. C. en el marco del 196º Período de Sesiones de la CIDH.
Expusieron representantes de organizaciones de Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos. La audiencia contó además con la participación de las comisionadas Andrea Pochak y Rosa María Payá Acevedo; del comisionado Riyad Insanally; del relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, cuya intervención sobre las grandes plataformas digitales y sus políticas de moderación fue abordada en una nota anterior de OBSERVACOM; del relator especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Javier Palummo; y de la defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín Ortiz.
A pesar de abordar problemas diferentes, las exposiciones coincidieron en un punto central: las plataformas concentran un enorme poder sin mecanismos suficientes de transparencia, supervisión y reparación. Frente a esta situación, desde las organizaciones se pidió a la CIDH avanzar en la elaboración de informes temáticos y de estándares o parámetros regionales para fortalecer la rendición de cuentas de las plataformas digitales.
Jurisdicción y protección de datos personales
Maryluz Barragán González, subdirectora misional de Dejusticia de Colombia, enfocó parte de su ponencia en “la problemática de la jurisdicción y en las leyes aplicables a las empresas tecnológicas”. “El mundo al parecer se está moviendo hacia el reconocimiento de la jurisdicción local. Pero los países del sur global, sin el peso político de la Unión Europea, enfrentamos mayores resistencias por parte de estas empresas para hacer valer nuestras propias leyes”, sostuvo Barragán González.
La integrante de Dejusticia solicitó a la CIDH “desarrollar estándares interamericanos sobre debida diligencia estatal frente a las plataformas digitales” y criterios de transparencia y supervisión relacionados con “la protección de datos, la privacidad y la libertad de pensamiento”.
Por otro lado, Barragán González también solicitó que se reconozca expresamente “que la obligación de proteger a la niñez aplica con el mismo rigor en entornos digitales”.
Diego Morales, director del Área de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se concentró en los riesgos asociados a la transferencia transnacional de datos personales. “A la tendencia al debilitamiento de los marcos de rendición de cuentas a las plataformas se suma el riesgo vinculado a los acuerdos económicos bilaterales promovidos por los Estados Unidos, que modifican estándares de protección de datos de otros países para facilitar el tráfico transnacional de datos hacia aquel país”, afirmó.
“Cualquiera de estas situaciones implicaría autorizar transferencias internacionales de datos a un país que no es considerado una jurisdicción adecuada por el gobierno argentino sin que las circunstancias de dicho país hayan cambiado”, señaló. Por eso, propuso que la CIDH analice los efectos de estos acuerdos sobre los marcos nacionales de protección de datos y su compatibilidad con los compromisos asumidos en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Concentración económica e integridad democrática
Raquel Lima, coordinadora del Centro de Referencia Legal de Artículo 19 Brasil y América del Sur, se refirió a la relación entre la concentración de poder económico de las grandes plataformas y su capacidad para incidir sobre el debate público. “Al controlar los datos de miles de millones de personas y las infraestructuras por donde circula la información, estas empresas acumulan poder suficiente para definir qué ideas y pensamientos serán efectivamente difundidos”, sostuvo.
Como ejemplo, mencionó la actuación de Google durante la discusión en Brasil del proyecto de ley 2630, que procuraba establecer mecanismos de rendición de cuentas para las plataformas. Según explicó, la compañía modificó su página principal para difundir un mensaje contrario a la iniciativa, mientras investigadores señalaron que el buscador había alterado los resultados asociados al proyecto. Lima sostuvo que las autoridades no pudieron imponer sanciones ni modificar sustancialmente la capacidad de la empresa para utilizar sus propias herramientas e incidir en el debate público.
Lima pidió a la CIDH que considere reconocer que “la concentración de poder económico en plataformas digitales constituye una restricción indirecta a la libertad de expresión y una amenaza estructural al pluralismo informativo y a la integridad de los procesos democráticos”. También solicitó que afirme la necesidad de que los Estados fortalezcan sus autoridades de competencia, con un enfoque de derechos humanos, independencia y facultades sancionatorias efectivas.
Protección de la niñez en entornos digitales
João Coelho, abogado del Instituto Alana, enfatizó la necesidad de contar con marcos regulatorios que se apliquen a todas las plataformas utilizadas por niñas y niños en el entorno digital y que “exijan a las empresas proveedoras incorporar la protección y promoción de sus derechos en la arquitectura de sus servicios”.
Coelho rechazó que la respuesta se concentre únicamente en impedir que niñas, niños y adolescentes utilicen estos servicios. “No basta simplemente con prohibir el acceso de los niños a las redes sociales, porque medidas como esas son difíciles de implementar en la práctica y terminan eximiendo a las empresas tecnológicas de revisar sus modelos de negocio y transformar sus productos”, afirmó.
Como referencia, Coelho destacó el ECA Digital aprobado en Brasil, que obliga a los proveedores a incorporar la seguridad y la protección de niñas, niños y adolescentes en la arquitectura de sus servicios, así como a identificar y mitigar los riesgos que generan.
Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red PaPaz, también puso el foco en la responsabilidad de las empresas que construyen los entornos digitales donde transcurre una parte cada vez mayor de la vida de las infancias. “Cada botón, notificación y algoritmo es una decisión de empresas privadas”, afirmó.
Piñeros sostuvo que las plataformas operan bajo una lógica de maximización de la atención: una mayor permanencia implica más datos, más segmentación comercial y más valor económico.
“Ninguna métrica comercial ni algoritmo debería estar por encima del bienestar de niñas, niños y adolescentes”, señaló. En ese sentido, pidió que la CIDH desarrolle un estándar interamericano que obligue a las plataformas a demostrar de manera verificable que el bienestar de la niñez prevalece sobre los incentivos de monetización.
Por otro lado, Tiffany Gillis Brown, abogada litigante de Tech Justice Law, alertó sobre los riesgos asociados al despliegue generalizado de chatbots de inteligencia artificial. Señaló que las empresas de IA diseñaron estos sistemas para generar confianza y almacenar datos de las personas usuarias como recuerdos, lo que puede favorecer su uso excesivo y la dependencia emocional, con impactos que no se limitan a niñas, niños y adolescentes.
La abogada cuestionó la falta de transparencia sobre las evaluaciones realizadas antes del lanzamiento de estos productos y defendió la necesidad de contar con mecanismos judiciales efectivos. “No pedimos que se detenga la innovación. Además, los productos de IA deberían someterse a pruebas exhaustivas de seguridad y auditorías independientes”, subrayó.
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