La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe Anual 2022, dedicó un Informe Especial a Guatemala, donde destacó que es necesario cambiar la normativa para que medios comunitarios e indígenas sean reconocidos legalmente y dejen de ser vulnerados
En su Informe Anual de 2022, publicado este mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desarrolló un Informe Especial para Guatemala tras observar varios retrocesos en derechos humanos fundamentales. Allí se reafirmó lo expresado por su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) en su Informe Anual 2022 (que se incluye como un capítulo del informe de la Comisión), destacando la necesidad de que el Estado de Guatemala adopte medidas para cambiar el marco legal actual de forma que los medios comunitarios sean reconocidos legalmente y no sufran ningún tipo de persecución, permitiendo también que las comunidades indígenas puedan operar libremente sus radios comunitarias.
Según la CIDH estos cambios deben hacerse bajo los estándares interamericanos sobre libertad de expresión, dejando de lado “medidas coercitivas como allanamientos y decomiso de sus equipos de trabajo”, para poder lograr un efectivo cumplimiento de la libertad de expresión.
“Los Estados tienen el deber de establecer leyes y políticas públicas que democraticen el acceso a los medios y garanticen el pluralismo de medios o informativo en las distintas áreas comunicacionales, tales como, la prensa, radio y televisión”, resaltó la Comisión.
Por otro lado, la RELE advirtió en su informe que en Guatemala la persecución que sufren las radios comunitarias, termina perjudicando a los sectores de la población que históricamente han sido vulnerados en su ejercicio de la libertad de expresión.
En enero de 2022 se presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Telecomunicaciones para regular las radios comunitarias del país. Pero, según la CIDH, la propuesta fue cuestionada por la sociedad civil y rechazada por el movimiento de radios comunitarias de Guatemala -integrado por aproximadamente 60 radios-, bajo el argumento de que no fue consultado abiertamente y carecía de algunas definiciones fundamentales.
La CIDH también puso como referencia lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2021, quien declaró “al Estado de Guatemala responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y la participación en la vida cultural de cuatro pueblos indígenas operadores de radios comunitarias”.
En ese entonces la Corte ordenó que el Estado debía adecuar su marco legal para reconocer a las emisoras comunitarias como “medios diferenciados de comunicación, particularmente las radios comunitarias indígenas”. A su vez, señaló que se deberían asegurar procedimientos sencillos para poder obtener licencias, a la vez que “abstenerse de enjuiciar criminalmente a los individuos que operan emisoras de radio comunitarias indígenas”.
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