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Cineastas mexicanos demandan que OTT audiovisuales paguen impuestos y tengan cuotas de producción nacional en su catálogo

Organizaciones de cineastas pidieron a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados que las plataformas digitales paguen impuestos en el país y que incluyan el 30% de producción nacional e independiente en sus catálogos.

“Todo Gobierno que tenga un proyecto propio de Nación debe invertir para garantizar el acceso de sus ciudadanos a la producción local, ya que de otra forma podrían tener solo material extranjero. Es decir, contenido básicamente estadounidense y así se estaría educando informalmente a toda la población mexicana con una forma de pensar extranjera”, señaló el cineasta Víctor Ugalde, Presidente del Observatorio Público Cinematográfico Rafael E. Portas, a El Universal.

En el mismo sentido, el Presidente de la Academia Mexicana de Artes y  Ciencias Cinematográficas, Ernesto Contreras, planteó que “hay que cerciorarnos de que existan y que aseguren nuestra soberanía cinematográfica que no solo tiene que ver con una industria sino con la presencia en pantalla de nuestra memoria, identidad y diversidad cultural, frente a las visiones estandarizadas y hegemónicas de la industria norteamericana”.

De acuerdo con El Universal, Netflix cuenta con 4000 títulos en su catálogo, de los cuales solo 70 corresponden a obras mexicanas. La proporción es similar en Amazon Prime Video: de 2500 títulos, solo 10 son producciones nacionales.

Esta no es la primera vez que los cineastas demandan tributación de las plataformas en el país y cuotas para la producción nacional. El año pasado, la Academia de Cine ya había planteado una serie de propuestas de regulación para los OTT audiovisuales que incluían además de los dos puntos señalados, incentivos fiscales para exhibidores, revisión de porcentajes de ganancia por venta de entradas, entre otros aspectos.

Frente a estas demandas, la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos podría resultar problemática ya que uno de los acuerdos alcanzados fue la eliminación de obligaciones para los productos digitales, a pesar que representantes de la industria cinematográfica habían pedido al grupo negociador que considerara la exclusión de la industria audiovisual y de Internet del acuerdo.

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