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Coalición por una Comunicación Democrática de Uruguay advierte retroceso de derechos en modificaciones a la Ley de Medios

La Coalición por una Comunicación Democrática de Uruguay alertó sobre los riesgos del proyecto de Ley del oficialismo para modificar la Ley de Medios en un comunicado publicado esta semana. Las organizaciones que la integran plantean que la iniciativa generará un retroceso en materia de derechos, de promoción de la producción nacional y límites a la concentración, la transparencia y la participación ciudadana.

La Coalición señala que el nuevo proyecto supone derogar la Ley de Medios 19.307, que contó con una amplia participación y debate parlamentario. “En sus cinco años de vigencia, esta ley -que es coherente con los estándares de los organismos internacionales de referencia- no generó ninguna mordaza contra el periodismo ni afectó la libertad de expresión. Tampoco se trata de una ley inconstitucional, como se ha insistido en decir: de sus 202 artículos solo ocho fueran declarados total o parcialmente inconstitucionales”, señala el comunicado.

Además explican que “se orienta hacia un retroceso en derechos consagrados” al eliminar el artículo que establece el derecho a la no discriminación, así como disposiciones que protegen a la infancia y adolescencia, elimina el derecho a la objeción de conciencia de los periodistas y el papel de la Institución Nacional de Derechos Humanos como Defensoría del Público.

La Coalición también sostiene que el proyecto del gobierno favorece la concentración mediática, ya que al elevar la cantidad de servicios de radio y TV que una persona física o jurídica puede acumular, “tiende a beneficiar a los empresas y grupos económicos mayores del sector y afectará a los medios locales pequeños, pudiendo disminuir el pluralismo y la diversidad del sistema mediático del país”.

Las organizaciones uruguayas consideran que también se afectan procedimientos orientados a la transparencia al eliminar las audiencias públicas en los procedimientos de de otorgamiento de licencias y organismos de participación ciudadana como la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA) y la Comisión Honoraria Asesora del Sistema Público de Radio y Televisión Nacional.

Por último se señala que la iniciativa del oficialismo afecta a la producción audiovisual nacional al  eliminar el Fondo de Promoción, financiado por el pago de licencias y uso de espectro radioeléctrico.

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