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Coalizão Direitos na Rede de Brasil planteó al gobierno propuestas para el acceso universal a Internet y rechazo a cambios en Ley de Telecomunicaciones

Representantes de la Coalizão Direitos na Rede [Coalición de Derechos en la Red, CDR] se reunieron con el Secretario Ejecutivo del Ministerio de Ciencia, Tecnologías, Innovaciones y Comunicaciones (MCTIC), Julio Semeghini, para plantear la necesidad de discutir un nuevo marco regulatorio de telecomunicaciones que considere la universalización del acceso a Internet y solicitar se archive el proyecto de Ley de la Cámara (PLC) 79/2016, que busca reformar la Ley General de Telecomunicaciones (LGT).

Marina Pita, asociada del Colectivo Intervozes y miembro de la CDR, planteó que el proyecto 79/2016 “no responde a los intereses públicos sino que responde a los intereses privados de algunas grandes empresas”.

La Coalición propuso al Ministerio que para satisfacer la demanda social de universalización del acceso a Internet, en los términos que ya prevé el Marco Civil de Internet, se utilicen los recursos del Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (FUST). De acuerdo con la CDR Semeghini se mostró receptivo a la propuesta.

Como hemos publicado anteriormente, el proyecto de Ley postula un cambio en el régimen de prestación de servicio para los operadores de telefonía fija, que dejarían de tener obligaciones de servicio público y no tendrían que devolver los “bienes reversibles”, es decir, la infraestructura heredada de la privatización que, de acuerdo con la LGT, debía retornar a la Unión al finalizar las concesiones de telefonía fija en 2025.

Como contrapartida, el proyecto establece que los operadores deberían invertir en redes de banda ancha de alta capacidad de acuerdo a montos que defina la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL), privilegiando la instalación en áreas de escasa o nula competencia.

Una de los principales cuestionamiento del proyecto, tanto desde las organizaciones de la sociedad civil como por parte del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), es la forma de calcular el valor de los bienes reversibles ya que, según el monto que se defina, serán las inversiones que tendrán que hacer las empresas de telecomunicaciones.

De acuerdo con estimaciones del TCU, los bienes reversibles tienen un valor de US$ 30 mil millones, en cambio, para ANATEL y las empresas su valor es de US$ 5 mil millones ya que argumentan que la infraestructura adquirida durante la privatización se depreció y lo seguirá haciendo hasta 2025, cuando finalicen las concesiones de telefonía fija.

 

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Imagen destacada: CDR

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