Durante el Examen Periódico Universal sobre Chile, organizaciones de la sociedad civil instaron al Comité de Derechos Humanos de la ONU que recomiende al Estado incrementar las exigencias de transparencia mediática, eliminar restricciones normativas discriminatorias hacia medios comunitarios, así como impulsar políticas públicas a favor de estos medios, especialmente sobre los indígenas, entre otras cuestiones referidas a la libertad de expresión
Durante los días 5 y 6 de marzo, Chile se sometió al Examen Periódico Universal (EPU), del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas -que se realiza cada cuatro años y medio- para evaluar si los Estados aplican y cumplen con las obligaciones dispuestas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual Chile ratificó en 1972.
Además de una audiencia pública en Ginebra, Suiza, en la que participaron jerarcas del gobierno chileno para responder preguntas y exponer sobre el cumplimiento del tratado multilateral, el Comité recibió un documento de organizaciones de la sociedad civil donde destacan preocupaciones y recomendaciones, en busca de favorecer la libertad de expresión, la transparencia mediática y el desarrollo de medios comunitarios e indígenas.
El documento fue elaborado por la Coalición por el Fortalecimiento de la Libertad de Expresión (COFLE), conformada por la Iniciativa por más Periodismo y la Libertad de Expresión, el Observatorio por el Derecho a la Comunicación (ODC), la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile, la Red de Periodistas Migrantes (RPM) y el Colegio de Periodistas de Chile.
La COFLE destaca que es necesario aumentar las exigencias legales con respecto a la “transparencia y de notificación de información respecto de los medios y grupos empresariales con presencia relevante en los mercados sobre la audiencia y la publicidad”, con datos que sean públicos. Para que la sociedad pueda formar una opinión libre “es necesario que disponga de información precisa, completa y actualizada sobre quién controla realmente los medios de comunicación”, sostiene el documento.
A su vez, se menciona que es necesario que también sea pública y accesible la información sobre los niveles de concentración que actualmente hay en el ecosistema mediático, ya que si bien por ley se financian investigaciones sobre medios de comunicación, “no existe un repositorio que permita acceder y revisar las investigaciones realizadas o conocer sus conclusiones y recomendaciones”.
Por otro lado, el documento asevera que la normativa de radio y televisión contiene restricciones desproporcionadas que resultan discriminatorias hacia los medios comunitarios, citando como ejemplo que en Chile se “restringe el alcance geográfico de las concesiones de medios comunitarios y se prohíbe que formen cadenas o transmitan en red”. Según la Coalición, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha sostenido, por el contrario, que “la radiodifusión comunitaria no está necesariamente limitada a áreas de servicio definidas geográficamente”.
Asimismo, se recomienda que se desarrolle una política pública de impulso a los medios comunitarios, “con particular énfasis en aquellos que surjan de comunidades indígenas”.
El director de ODC -y también investigador asociado de OBSERVACOM-, Javier García, calificó como un hito que se puedan llevar recomendaciones específicas de libertad de expresión que se estaban dando en el Sistema Interamericano a otros espacios de discusión como las Naciones Unidas, ya que antes el EPU no había abordado estas temáticas con tanta profundidad.
Cabe destacar que el documento de la COFLE también realiza recomendaciones de modificaciones normativas para que Chile se adecue a estándares internacionales de libertad de expresión y actualizar el marco normativo en busca de incrementar la protección de los periodistas, entre otras cuestiones.
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