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Convención Constitucional de Chile abordó varios artículos referidos a medios comunitarios, medios públicos y espectro radioeléctrico

El pleno de la Convención Constitucional (CC) votó el pasado 5 de mayo la segunda propuesta del tercer informe procedente de la Comisión de Sistemas de Conocimientos, el cual se realizó a partir de las normas rechazadas en la votación particular del tercer informe. El CC rechazó un artículo referido a medios comunitarios, aprobó dos incisos sobre medios públicos y un inciso sobre espectro radioeléctrico.

Como se trata de un informe de segunda propuesta, cada artículo necesitaba 103 votos favorables para aprobarse, es decir los dos tercios de los votos de los convencionales. De lo contrario, quedaría excluido definitivamente del debate constitucional.

El artículo 2 presentado por la Comisión hacía referencia al espectro radioeléctrico e incluía varios párrafos. El primer párrafo, que expresaba que “el espectro radioeléctrico es un bien común natural de carácter inapropiable. Es deber del Estado planificar, gestionar y asignar su uso en todo el territorio, de acuerdo al interés general”, fue rechazado.

El segundo párrafo de este artículo afirmaba que «el Estado debe evitar la concentración en la distribución del uso del espectro radioeléctrico», pero tampoco llegó a los votos necesarios. Lo único aprobado referente a esta temática y que pasará al borrador de la nueva Constitución, fue el tercer párrafo, el cual establece que «corresponderá a la ley determinar la utilización y aprovechamiento del espectro radioeléctrico».

Otro de los artículos votados por el pleno de la CC pretendía establecer un Consejo Nacional de Comunicaciones que tuviera competencias más amplias que el actual Consejo que regula la televisión, y que sería “autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de proteger y promover el derecho a la comunicación social, la libertad de prensa, el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad de información, en los distintos soportes tecnológicos existentes”. Este artículo también fue rechazado.

En relación a este artículo, Chiara Sáez Baeza, doctora en Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en temas de televisión y políticas de comunicación, afirmó que este rechazo era un gran error, ya que no queda “ninguna institucionalidad reguladora de las comunicaciones con rango constitucional. Seguiremos con un marco noventero insuficiente para este siglo. El proceso de transformación institucional se va a ralentizar”.

Con respecto a los medios de comunicación públicos, finalmente quedó aprobado un artículo de la siguiente manera: “Existirán medios de comunicación públicos en distintos soportes tecnológicos, que respondan a las necesidades informativas, educativas, culturales y de entretenimiento de los diversos grupos de la población.

Estos medios de comunicación serán pluralistas, descentralizados, y estarán coordinados entre sí. Asimismo, gozarán de independencia respecto del gobierno y contarán con financiamiento público para su funcionamiento. 

La ley regulará su organización y la composición de sus directorios, la que estará orientada por criterios de idoneidad y técnicos”.

Con respecto a los medios comunitarios, el artículo 6 presentado por la Comisión de Sistemas de Conocimiento pretendía establecer un “Sistema Nacional de Medios de Comunicación Comunitarios, que estará constituido por Consejos Regionales conformados por representantes de los medios comunitarios y por autoridades vinculadas a las culturas, comunicaciones y educación. Estos consejos se encargarán de promover el desarrollo y fortalecimiento de los medios comunitarios de cada región (…) La ley regulará lo relativo a su organización, estructura, competencias y funcionamiento”, el cual también fue rechazado y descartado del debate constitucional.

La Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile (ANARCICH), en un comunicado manifestó nuevamente su preocupación respecto al Sistema Nacional de Comunicación Comunitarios y la creación de Consejos Regionales, con una redacción que no especificaba sus atribuciones y abría una interrogante sobre la finalidad de los mismos.

ANARCICH había manifestado que tal como esta ha propuesto en la reacción anterior, la responsabilidad sobre los medios comunitarios la tendría un organismo estatal “del cual no se establece el carácter ni sus competencias” y que será encargado también de los medios públicos, y en su último comunicado enfatizaron que están “en contra de toda forma de control estatal de contenidos a los medios de comunicación, sean estos públicos, privados o comunitarios”.

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