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Radios comunitarias y ciudadanas de Chile marcan su posición de cara a los nuevos textos constitucionales en debate

En el marco del debate que se está llevando a cabo en Chile, para llevar el nuevo texto de la Constitución a plebiscito el 4 de septiembre, la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile (ANARCICH) expresó públicamente su preocupación ya que, de aprobarse el texto como se había propuesto, la responsabilidad sobre los medios comunitarios la tendría un organismo estatal “del cual no se establece el carácter ni sus competencias” y que será encargado también de los medios públicos.

En la redacción inicial aprobada por la Comisión Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios, el artículo número 6 creaba un Sistema Nacional de Medios Públicos y Comunitarios, el cual tendría la función de “asesorar y coordinar los diversos medios de comunicación, que promoverá y fortalecerá los medios regionales, locales, comunitarios e indígenas”.

En este sentido, el comunicado subraya que los medios de comunicación comunitarios no son lo mismo que los medios públicos y, por ende, la Constitución debería contemplar su especificidad. Los medios comunitarios tienen carácter privado, no gubernamental, expresan al tercer sector social, tienen finalidad social no lucrativa y son independientes y autónomos, afirman desde ANARCICH.

El día 20 de abril, el pleno de la CC rechazó ese artículo y lo devolvió a la Comisión para que formulara una nueva redacción.

A pesar de esto, los responsables de ANARCICH ven positivamente la concreción de varios artículos que están en línea con los estándares internacionales de libertad de expresión. Es el caso del artículo de libertad de expresión aprobado por el Pleno de la Convención Constitucional que establece el derecho de las personas a fundar medios de comunicación, y la implementación de medidas para evitar la concentración indebida en las comunicaciones.

Con respecto a los artículos que la Convención Constitucional está considerando en estos días, el comunicado afirma que el espectro radioeléctrico es un bien común de “uso público” y un soporte fundamental para ejercer la libertad de expresión. Si bien la administración es y debe ser potestad del Estado, las radios comunitarias y ciudadanas consideran que deben establecerse criterios acordados previamente en “leyes claras y precisas propendiendo al aprovechamiento óptimo en el interés público, la transparencia y la no discriminación”.

En materia de órganos regulatorios, ANARCICH manifestó que estos deben ser autónomos, independientes del gobierno y regidos de forma transparente.

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