La organización El Veinte, introdujo en el año 2021, una demanda de inconstitucionalidad donde se argumenta que las ofertas de “tarifa cero” -que admiten la utilización de algunas aplicaciones sin consumo de datos- violan el principio de la neutralidad de red
En 2021, la organización El Veinte presentó ante la Corte Constitucional de Colombia una demanda de inconstitucionalidad contra la norma que permite que los prestadores de servicios de Internet ofrezcan planes de “zero rating” o de tarifa cero (artículo 56 de la Ley 1450). El pasado 29 de febrero la Corte debatió el tema y se espera que se pronuncie a la brevedad.
Las ofertas de zero rating que permiten utilizar algunas aplicaciones sin consumo de datos, beneficiando el tráfico de los servicios de algunas empresas -generalmente cuasi monopólicas- en detrimento de otras, violarían uno de los principios esencial para una Internet abierta conocido como la neutralidad de red, afirman los denunciantes.
Desde El Veinte, consideran que está en manos de la Corte “definir sobre el derecho de toda la ciudadanía a acceder a una Internet completa sin discriminación por sus niveles de ingreso.
Emmanuel Vargas, cofundador de la organización, sostuvo que prohibir este tipo de planes de tarifa cero, no solamente no afectaría a los usuarios, sino que fomentaría que las empresas “tendrían que competir por ser la opción más atractiva para personas de escasos recursos que quieran tener acceso a Internet”.
Según el estudio “Estado de la neutralidad de red en Colombia”, realizado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) en 2022, en Colombia las ofertas de planes y paquetes de servicios móviles incluyen mayoritariamente acceso a las aplicaciones más utilizadas, como Twitter, Facebook, TikTok, WhatsApp e Instagram, sin consumir los datos del plan contratado.
Este informe sostiene que en América Latina, las ofertas de zero rating “han sido consideradas beneficiosas para los usuarios al permitirles un mayor control de gasto en sus planes”, no obstante, se destaca que recientes decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea “han identificado dichas prácticas como incompatibles con lo estipulado en el Reglamento de Internet Abierta europeo”.
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