Desde que comenzó el conflicto palestino-israelí, organizaciones de todo el mundo han denunciado diversos mecanismos de censura “significativa y desproporcionada” de las voces palestinas mediante la eliminación de contenidos y la ocultación de hashtags. También se ha advertido de ataques a infraestructura crítica, cortes a la electricidad e incluso interrupciones técnicas deliberadas a la red de Internet
El pasado 20 de noviembre, la alianza Al Sur (*) publicó un posicionamiento colectivo en el que denunciaron que desde las primeras semanas del conflicto palestino-israelí “la manera como las principales plataformas de internet han gestionado la moderación de contenidos imposibilitan un acceso equitativo a la información, fortaleciendo una falsa dicotomía a nivel de los discursos y narrativas de la situación”.
En su publicación se refirieron también a la existencia de una “sobre-moderación de contenido palestino en las plataformas de Meta” y denunciaron que “se han reportado casos de generación de emojis inapropiados por parte de las herramientas de inteligencia artificial de WhatsApp y traducciones sesgadas por el modelo de inteligencia artificial de Instagram”, lo que da cuenta de “un problema persistente de deshumanización” que afecta a los palestinos debido a sesgos en los conjuntos de datos de entrenamiento.
Esta denuncia se suma al comunicado firmado por un grupo de 91 organizaciones de diversas regiones del mundo una semana posterior al ataque de Hamás, que reactivó el conflicto palestino-israelí y que ya se cobró la vida de más de 16 mil personas en apenas dos meses. Allí, las organizaciones de la sociedad civil firmantes piden “a las empresas tecnológicas que respeten los derechos digitales palestinos en tiempos de crisis”.
En el texto aseguran que los acontecimientos bélicos “han llevado inevitablemente a una mayor discriminación contra el contenido palestino y a un aumento del racismo antipalestino en varias plataformas en línea, y demuestran el vínculo fundamental entre el ámbito digital y la realidad sobre el terreno”. En la misma línea que Al Sur, destacan la problemática específica de la moderación de contenidos en las redes sociales, con un fuerte sesgo contra las y los usuarios palestinos, lo que provoca la censura de sus publicaciones. Usuarios de las redes sociales han denunciado que sus publicaciones o cuentas han sido suspendidas por su contenido pro-Palestina.
A través del comunicado publicado el 13 de octubre, las 91 organizaciones sostienen que “las empresas de redes sociales deben garantizar el respeto y la protección de las voces palestinas en sus plataformas, tal como deberían hacerlo para todos los ciudadanos del mundo, especialmente aquellos que documentan violaciones de derechos humanos. También nos preocupa la censura significativa y desproporcionada de las voces palestinas mediante la eliminación de contenidos y la ocultación de hashtags, entre otras violaciones”.
Las organizaciones hacen hincapié en que estas acciones “representan una grave amenaza a la libertad de expresión y el acceso a la información, la libertad de reunión y la participación política” y aseguran que “las personas en los países de mayoría global ven las plataformas de redes sociales como un espacio cívico fundamental para compartir sus historias no contadas en los principales medios de comunicación”.
En un contexto de discusión global acerca de cómo afrontar el problema de la desinformación en línea, destacan que “esta censura también está afectando la capacidad de los periodistas para trabajar y generando un efecto paralizador”.
Las organizaciones firmantes -entre las que se encuentran Article 19, Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), Access Now, Derechos Digitales, Open Knowledge Foundation, IFEX, Intervozes (Brasil), y TEDIC (Paraguay)- insisten en que las empresas deben abordar “urgentemente esta censura” y comprometerse “genuinamente a garantizar que se escuchen todas las voces”. Al contexto de desinformación actual en las redes sociales se une el “uso de la propaganda, de citación al odio que se ceba, particularmente, con personas de origen palestino”, según denuncia Leila Nachawati, miembro de APC.
Por su parte, el 17 de octubre, APC publicó un comunicado propio en el que denunciaron que al momento de escribir esa declaración, “los palestinos en Gaza están desconectados de Internet y de los servicios de telecomunicaciones, lo que ha inhabilitado su capacidad de conectarse con el resto del mundo”.
En el mismo sentido, la alianza Al Sur también denunció que desde el comienzo del conflicto “se limitó la capacidad del pueblo palestino y de medios de comunicación de acceder a las telecomunicaciones como combinación de ataques a infraestructura crítica, cortes a la electricidad, gasolina e interrupciones técnicas deliberadas a la red de internet”.
Los ataques a la infraestructura que permite a las y los palestinos mantenerse conectados afectan “directamente en la posibilidad de comunicarse hacia fuera del territorio sitiado y acceder a información que puede ser de vida o muerte -incluyendo la ubicación de refugios y suministros-”, aseguraron las organizaciones.
(*) Esta organización está conformada por ADC (Argentina), CELE (Argentina), Coding Rights (Brasil), Derechos Digitales (América Latina), Fundación Karisma (Colombia), Hiperderecho (Perú), Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Brasil), IPANDETEC (Panamá), InternetLab (Brasil), R3D (México) y TEDIC (Paraguay).
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