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Directiva Europea de Servicios Digitales (DSA) será votada en el pleno del Parlamento en julio

Persona utilizando un celular.

La Directiva Europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) superó algunos escollos y finalmente será votada en el Parlamento el próximo 4 de julio.  La Presidencia del Consejo de Europa, a cargo de Francia, dio marcha atrás con uno de los cambios inesperados que había introducido a último momento sobre obligaciones de monitoreo de contenidos, que habían motivado el inicial rechazo del Parlamento Europeo al texto ya consolidado.

Recordemos que por impulso del Consejo de Europa, en una etapa en la que -en teoría- se trabajaba sobre cuestiones técnicas, al texto aprobado por acuerdo provisional el 23 de abril se le incorporaron dos aspectos que generaron controversia.

Por un lado, por insistencia de España, Italia y Francia, se introdujo la cláusula “stay down”, que establece que aun cuando las plataformas no deben estar obligadas a monitorear contenidos, si deberían hacerlo cuando lo pidan los legisladores (de la Unión o a nivel nacional) en casos de contenidos manifiestamente ilegales. Por el otro, impulsado por Malta, se introdujo una excepción sobre las órdenes de remoción de contenidos transfronterizos para sitios web de juegos de azar y apuestas, según informó Euroactiv.

Estos aspectos habían sido rechazados por representantes de distintos partidos como European People’s Party (EPP), Renew Europe, the Greens/EFA y grupos de izquierda. Así, se abría un escenario complejo que amenazaba con la aprobación final de la normativa y la necesidad de pasar de nuevo por un engorroso proceso de discusión.

Finalmente, la Presidencia francesa cedió y eliminó la obligación de monitoreo de contenidos ilegales a pedido de legisladores (artículo 28), aunque mantuvo lo relativo a sitios web de juegos de azar y apuestas (artículo 29).

Si bien el proceder de la Presidencia del Consejo suscitó críticas por el envío del documento modificado a último minuto y la programación de reuniones casi sin distancia para apurar la votación, el texto pasó por el Comité de Representantes Permanentes (COREPER, por sus siglas en inglés) en el Parlamento y fue adoptado por el Comité de Mercado Interno (IMCO, por su sigla en inglés) con amplia mayoría.

Tanto la DSA como la Ley de Mercado Digital (DMA, por su sigla en inglés) -dos regulaciones que forman parte de la estrategia para establecer obligaciones a las plataformas de Internet- tendrán su voto final en el Parlamento el 4 de julio, según figura en la agenda provisoria.

La estrategia digital europea: DSA y DMA ¿qué proponen?

En el marco de una estrategia amplia sobre el mercado digital, la Comisión Europea propuso en diciembre de 2020 dos iniciativas: la ya mencionada DSA, y la DMA. Ambas alcanzaron acuerdo provisorio el 25 de marzo (DMA) y el 23 de abril (DSA), respectivamente.

Mientras que las reglas establecidas en la DSA apuntan a intermediarios de Internet de distinto tamaño, la DMA alude a las grandes plataformas que actúan como “cuellos de botella” o gatekeeper platforms. Algunos servicios están cubiertos por ambas normativas, pero con un alcance y previsiones diferentes.

Son tres los criterios que se adoptan para definir a las grandes plataformas: aquellas con más de 45 millones de usuarios activos mensuales en la UE; una facturación igual o superior a 7.500 de millones de euros en Europa y que detenten una “posición arraigada y duradera”.

DSA

La DSA alcanza a distintos intermediarios de servicio en línea (tales como ISPs, registro de nombre de dominio, servicios de hosting, buscadores, tiendas de aplicaciones, redes sociales, entre otras) a través de una regulación asimétrica, ya que las obligaciones para cada tipo de servicio varían en función de su rol, tamaño e impacto en el ecosistema digital.

La normativa obliga a las plataformas (especialmente a las grandes) a que analicen los riesgos sistémicos que provocan y efectúen análisis para reducirlos; también prohíbe las interfaces engañosas. Asimismo, la DSA introduce requisitos de transparencia en los sistemas de recomendación y prohíbe a las plataformas y buscadores de gran tamaño que sus sistemas hagan recomendaciones en base a la elaboración de perfiles.

Otro de los aspectos que contempla la normativa son mayores previsiones para la protección de menores, en particular, sobre el uso de datos sensibles para la publicidad dirigida. Además, crea obligaciones para las grandes plataformas y buscadores de prevenir el mal uso de sus sistemas, así como contar con auditorías externas sobre sus sistemas de gestión de riesgo.

Asimismo, prevé mecanismos que brindan a los usuarios la capacidad de reportar contenidos, servicios o bienes ilegales. También dota a las personas usuarias, de herramientas para cuestionar las decisiones de las plataformas sobre moderación de contenidos por vía judicial o extrajudicial.

Por último, se otorga a la Comisión más poderes de supervisión y capacidad de hacer que las grandes plataformas y motores de búsqueda cumplan las reglas.

DMA

En el caso de la DMA, la Comisión Europea también estará dotada de mayores capacidades: podrá imponer penalidades y multas de hasta el 10% de los ingresos de las compañías a nivel mundial e incluso de hasta el 20% en caso de incumplimientos reiterados. La Comisión también está facultada para adoptar remedios estructurales o de comportamiento y puede realizar investigaciones sobre las plataformas. La estructura de gobernanza se completa con un Consejo Nacional de Coordinadores de Servicios Digitales, que contarán con capacidades de sanción.

La normativa define 10 tipos de plataformas de servicios alcanzadas: servicios de intermediación; buscadores; redes sociales; plataformas de intercambio de video; comunicaciones interpersonales independientes de numeración, sistemas operativos, servicios de nube, servicios de publicidad, buscadores web y asistentes virtuales.

Para cuando este tipo de servicios son provistos por grandes jugadores la normativa prevé medidas como: permitir a los usuarios finales desinstalar fácilmente las aplicaciones pre-instaladas o cambiar la configuración por defecto de los sistemas operativos, los asistentes virtuales o los navegadores web que les dirijan a los productos y servicios de los grandes jugadores, así como proporcionar la posibilidad de elegir pantallas para acceder a los servicios clave.

También se prevé permitir a los usuarios instalar aplicaciones de terceros o tiendas de aplicaciones; permitirles que se den de baja de los servicios de la plataforma principal del gatekeeper con la misma facilidad con la que se suscriben a ellos; y permitir que terceros interoperen con los servicios propios del gatekeeper.

Asimismo, se prevé proporcionar a las empresas que se anuncian en la plataforma del gatekeeper el acceso a las herramientas de medición del rendimiento y la información necesaria para que los anunciantes y editores realicen su propia verificación independiente de sus anuncios alojados en el gatekeeper. Por otra parte, se permite a los “usuarios empresariales” acceder a los datos generados por su actividad en las plataformas de los gatekeepers, entre otros.

Las grandes plataformas consideradas gatekeepers no pueden prohibir el uso de los datos de los usuarios empresariales con los que compiten en su propia plataforma. Tampoco pueden clasificar los propios productos o servicios de manera más favorable para sí mismos en comparación con los de terceros ni exigir a los desarrolladores de aplicaciones que utilicen sus servicios (como sistemas de pago o proveedores de identidad) para que terceros aparezcan en sus tiendas de aplicaciones.

Además, se prohíbe rastrear a los usuarios finales fuera del servicio de la plataforma principal de los gatekeepers con fines de publicidad dirigida, sin que se haya otorgado el consentimiento efectivo, entre otros aspectos.

La última versión pública de la DSA está disponible acá (en inglés).

La versión más reciente de la DMA se puede consultar acá (en inglés).

Por Ana Bizberge

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