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Gobierno saliente de Uruguay otorgó tres nuevas señales comerciales de TV a dos semanas de terminar su mandato

El actual Poder Ejecutivo de Uruguay, a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), autorizó tres nuevas señales de TV comerciales el pasado 14 de febrero, a 15 días del cambio de gobierno. Ellas son: Canal U (Pablo Scotellaro), TV Libre (señal del multimedio La República) y Eutopía TV (Federico Fasano, ex propietario de La República, y Rubén Villaverde).

Los ganadores del concurso público “deberán competir con las históricas señales comerciales de TV de Uruguay y tendrán más obligaciones que ellas: al menos 80% de programas de producción nacional”, dijo Gustavo Gómez, Director Ejecutivo de OBSERVACOM a Montevideo Portal. Además detalló que los operadores de TV paga deberán incluir estas señales en sus grillas en forma gratuita (obligación de must carry).

En el concurso convocado por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) y realizado de acuerdo a las disposiciones de la Ley Audiovisual de 2014, también se presentó Cardinal TV. La señal de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA) quedó en cuarto lugar y, por ende, fuera del proceso de adjudicación que preveía que se otorgaran un máximo de tres señales de TV.

CUTA aseguró que presentará acciones judiciales para que se revoque el proceso. Antes de conocer oficialmente el resultado, el presidente de la cámara, Washington Melo, había adelantado que tomaría medidas. “Llamó la atención que de cuatro medios, tres que están vinculados a la izquierda, están por arriba nuestro” que es “el único que tiene programación nacional 100%”, había señalado Melo a El País.

Tras la apertura del concurso, Gustavo Gómez, había señalado a través de su cuenta de Twitter que el proceso “era muy necesario (en 5 años no se realizó ningún llamado a nuevos operadores, ni siquiera comunitarios), a través de concurso público y transparente (no a dedo)”. Sin embargo, reconoció que “es muy tardío y, sobre todo, inoportuno”.

“Las acusaciones de beneficiar a propuestas vinculadas a la “izquierda” surgieron naturalmente. El proceso (sin participación de la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual -CHASCA) y la oportunidad del llamado (en plenas elecciones nacionales) alientan estas especulaciones”, explicó.

En relación a la posición de CUTA de recurrir el proceso, Gómez señaló en Twitter que “quienes pierden un concurso siempre estarán en desacuerdo y protestan (a veces con razón). Por eso se debió aceptar que la CHASCA pudiera dirigir el proceso y opinar preceptivamente. Que haya una fiscalización de un organismo independiente no evita líos, pero da más garantías”.

Desde el nuevo gobierno que asumirá el 1° de marzo manifestaron malestar por el proceso. Este “no era el momento” para adjudicar canales, dijo el nuevo subsecretario del MIEM, Walter Verri, a El Observador. “Si bien es cierto que la licitación estaba en curso, la decisión debería haber quedado en manos de las autoridades entrantes…Cualquier acción que el gobierno vaya a tomar en estos últimos días y que tenga repercusiones en el gobierno que viene debe ser consultada”, explicó.

Por su parte, Nicolás Cendoya, director de URSEC defendió el proceso. Aseguró que “es un proceso muy pautado”, que no tiene nada que ver con elección a dedo. Esperar a que asumiera el nuevo gobierno para tomar la decisión hubiera sido “no aplicar la ley”.

Cabe recordar que el presidente entrante, Luis Lacalle Pou, presentó un proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) que, entre otros aspectos, prevé modificaciones a la Ley Audiovisual. La iniciativa ha sido muy criticada por expertos y organizaciones sociales vinculadas a la comunicación y los derechos digitales, así como generó alerta por parte del Relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, especialmente en relación a la figura de “derecho al olvido”.

 

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Imagen destacada: Wikipedia con licencia CC BY-SA 4.0

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