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Gobierno uruguayo habilitó a cinco empresas de TV cable a ofrecer Internet. Tres de ellas forman histórico oligopolio mediático del país

La telefónica estatal ANTEL ya no tendrá el monopolio del servicio de Internet fijo

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, habilitó a cinco empresas de televisión para abonados por cable a que puedan brindar el servicio de Internet fijo con la firma de varias resoluciones provenientes del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), por lo que ANTEL pierde el monopolio de la prestación de la transmisión de datos.

La resolución se ampara en sentencias de la Suprema  Corte de Justicia que declararon inconstitucional  el artículo 56 de la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley de Medios) que prohíbe que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual puedan prestar, al mismo tiempo, “servicios de telecomunicaciones de telefonía o transmisión de datos” (es decir, prohíbe la propiedad cruzada de licencias de telecomunicaciones con licencias de televisión).

Las empresas que fueron autorizadas para brindar servicios de internet en Montevideo son; Nuevo Siglo (Riselco S.A.), Televisión Cable Color (TCC, Tractoral S.A.), Monte Cable (Monte Cablevideo S.A.), ligadas a los canales 12, 10 y 4, respectivamente. También se autorizó a Praiamar y Korfield, que prestan servicios de TV para abonados en Colonia y Pando.

Basándose en la declaración de inconstitucionalidad, más informes de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) y de la Asesoría Técnica de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, el gobierno firmó 5 resoluciones -una para cada empresa de TV cable autorizada-, ya que entendieron que se cumplieron los requisitos para adquirir la licencia que permite brindar servicios de internet.

Guzmán Acosta y Lara, director nacional de telecomunicaciones del MIEM, afirmó que a los efectos de evitar “posteriores reclamos, porque hay cableoperadores que volvieron a iniciar acciones de inconstitucionalidad y van a seguir cayendo”, decidieron brindar las licencias mediante las resoluciones. A su vez, afirmó que se irán autorizando nuevas licencias cuando se añadan más sentencias de inconstitucionalidad, y se presente un plan de negocios que sea aceptado por la Ursec.

Por otro lado, el director de ANTEL en representación de Frente Amplio -principal partido de la oposición- dijo que la medida “da una sensación muy mala, porque privatizan el internet y rompen con una política de Estado histórica de Uruguay. Desprotegen totalmente la inversión realizada por todo el pueblo uruguayo”.

A su vez, Larrosa manifestó que el argumento de la “inconstitucionalidad” que se utilizó para habilitar a las empresas de cable es “mentira”, porque en otros casos el artículo 56 si fue señalado “constitucional”. Agregó que el artículo 56 está para evitar la concentración de medios, y con esta decisión va a haber “una concentración económica enorme, de cables, televisión abierta, radios, telecomunicaciones móviles y telecomunicaciones fijas”, sentenció.

En otro sentido, Gustavo Gómez, director ejecutivo de OBSERVACOM afirmó que la decisión del gobierno -sin que haya un cambio legal que le diera la posibilidad de otorgar licencias de internet a los pequeños cableros del Uruguay-, es una “mala señal” y es injusta, ya que da “más privilegios (aún) para las empresas de TV de Montevideo”.

Gómez destacó que el nuevo escenario impacta en la ya importante concentración mediática del país, dándole mayor poder de presión política de los «3 grandes» (los canales 4, 10 y 12), además de una mayor asimetría con el resto de las empresas nacionales del sector y más competencia para ANTEL, en especial porque se especula con el ingreso de corporaciones transnacionales a través de asociación o venta de las empresas locales.

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