Blancos y colorados no logran alcanzar un acuerdo para que avance el tratamiento del proyecto de la nueva ley de medios en el Parlamento. El punto de controversia es la posibilidad de que los cableoperadores del interior ofrezcan Internet con redes propias o de terceros.
Mientras que desde el Partido Nacional –fuerza política del presidente, Luis Lacalle Pou– apuntan a derogar toda la ley vigente, en Cabildo Abierto (CA) –partido socio del gobierno– consideran que se podría avanzar con la modificación del artículo 56 de la ley actual para permitir que los operadores de TV por cable puedan ofrecer Internet.
“Para nosotros es un gravísimo error ir solo por el artículo 56. Es una acción que no alcanza”, dijo a El Observador el director nacional de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Guzmán Acosta y Lara.
En cambio, CA no está dispuesto a derogar toda la norma porque dicen que generaría una pérdida de derechos, por ejemplo, para la comunidad sorda porque ya no se incluiría la obligatoriedad del lenguaje de señas. Además, señalan que el Partido Nacional quiere dejar por fuera sus planteos sobre publicidad electoral y que fuera la Corte Electoral la encargada de regular la comunicación política en los medios.
Como publicamos en OBSERVACOM, recientemente, CA propuso que la Corte Electoral controle la “imparcialidad y el equilibrio en la información política” en medios de comunicación, como parte de las modificaciones al proyecto oficialista de nueva ley de medios. Pero en el oficialismo no habría voluntad política para que la propuesta se incluya en la nueva ley de medios y eso “empantanó” las negociaciones.
Las discusiones por una nueva ley de medios se iniciaron hace más de un año pero no se logró avanzar con la propuestas y el tratamiento parlamentario quedó pospuesto para 2021. Como publicamos en OBSERVACOM, en mayo de este año, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento una nueva versión del proyecto de Ley de Medios con la expectativa de que fuera aprobado antes de mitad de año. Si bien la nueva redacción surgió de las negociaciones dentro de la coalición de gobierno, en CA aún persistían algunas diferencias.
El tema volvió a ponerse en agenda a partir de las discusiones en la Cámara de Diputados por la Rendición de Cuentas, que fue muy cuestionada por el sector de medios comunitarios y OBSERVACOM debido a que supone un retroceso de derechos para el sector.
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