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Poder Ejecutivo envió al Parlamento de Uruguay nueva versión del proyecto oficialista de Ley de Medios

El Poder Ejecutivo envió al Parlamento una nueva versión del proyecto de Ley de Medios. La expectativa del oficialismo es que la iniciativa se trate el miércoles 2 de junio en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados y luego ingrese al plenario para que sea aprobado en el transcurso del mes.

El director ejecutivo de OBSERVACOM, Gustavo Gómez, sintetizó los principales cambios del nuevo proyecto respecto del que el oficialismo había presentado en 2020, que había sido cuestionado tanto por OBSERVACOM como por la Coalición por una Comunicación Democrática, por considerar que promovía la concentración y generaba un retroceso en materia de derechos y criterios de transparencia.

“Hay tres avances en la nueva versión que, aunque no cambian la estructura de la norma, hay que destacar: No deroga el derecho de objeción de conciencia de periodistas, ni la regulación de la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes”, dijo Gómez en su cuenta de Twitter sobre la nueva versión del proyecto de ley.

Además, explicó que la empresa estatal ANTEL no será obligada a compartir infraestructura y que las empresas de TV por cable podrán tener licencia para prestar servicios de Internet, pero sólo para el área de servicio que tienen actualmente (no podrán vender en todo el país).

En materia de concentración, el director  ejecutivo de OBSERVACOM explicó que “se reduce de 8 a 6 la cantidad de licencias de radio y TV que se pueden concentrar (la ley vigente establece un tope de 3). Y hasta 8 licencias de TV paga (el proyecto inicial no ponía límites). Es mejor que el original, pero el nivel de concentración que permite es inaceptable para una democracia”. “Si se deja que una persona pueda acumular 5 radios y 1 canal de TV abierto en un departamento del Interior, es convertirla en el ‘dueño del pueblo’”, ejemplificó.

En cuanto a la presencia de capital extranjero en la TV, Gómez indicó que “la extranjerización de la TV se mantiene. Ahora la ley ya no lo establece expresamente en su artículo 14, pero le deja al Poder Ejecutivo la potestad de autorizar la compra de empresas nacionales a transnacionales extranjeras o sus subsidiarias, de manera discrecional”.

El nuevo proyecto mantiene del anterior el retroceso en materia de derechos y falta de transparencia. “Los derechos de las personas con discapacidad auditiva y visual no son garantizados por ley de manera efectiva. El derecho se reconoce de manera general pero queda librado a la discrecionalidad del gobierno qué programas serán accesibles”, precisó Gómez.

Además dijo que “la nueva versión mantiene la falta de transparencia en las políticas de comunicación y se derogan todos los organismos de fiscalización independiente de la Ley de Medios actual (como la CHASCA). También se elimina el Consejo Honorario que debe fiscalizar a los medios públicos. Además, ya no habrán audiencias ni consultas públicas que garanticen la transparencia de los procesos de otorgamiento de licencias de radio y TV, o su venta, como se hace ahora con la Ley de Medios vigente. Un retroceso importante en transparencia”.

Gómez concluyó que lo que no cambia son “los privilegios a los grades medios del proyecto de ley inicial. No pagarán nada por usufructuar un bien público, no aportarán a la creación del Fondo Audiovisual y tendrán renovaciones casi automáticas (eternas) de 15 años”.

Si bien la nueva redacción enviada por el Ejecutivo surgió de las negociaciones dentro de la coalición de gobierno, aún persisten algunas diferencias. Según publicó La Diaria, aún hay cierta disconformidad en Cabildo Abierto sobre el proyecto.

No obstante, el coordinador de la bancada de diputados del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, dijo a ese medio que no hay diferencias sustanciales en la nueva redacción de la iniciativa lo que permitiría iniciar el debate en la Comisión de Industria y aprobarlo en el plenario de la Cámara de Diputados durante el mes de junio.

En la misma línea, el diputado del Partido Colorado, Martín Melazzi, aseguró que hay conformidad con el proyecto enviado al Ejecutivo.

En cambio, Javier Umpiérrez, diputado del Frente Amplio, dijo que si bien no están conformes con la nueva redacción, opinó que desde la oposición lograron “reducir daños”.

 

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