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Informe de libertad de expresión en Costa Rica, afirma que “es indispensable establecer límites a la concentración”

El pasado 25 de mayo el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública de la Universidad de Costa Rica (PROLEDI) y el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM), presentaron el tercer informe del estado de la libertad de expresión en Costa Rica.

En su primer capítulo afirma que es necesario “abrir una nueva discusión sobre el marco jurídico que regula el ecosistema mediático nacional” debido a la concentración mediática constatada. En este sentido se recomienda establecer límites a la concentración, ya que esto es un problema para la democracia.

Allí se busca analizar las prácticas, inversiones y cambios en los principales grupos de comunicación, bajo la perspectiva de la defensa de la libertad de expresión de la sociedad en su conjunto.

Asimismo, se realizan recomendaciones para que el sistema de medios sea más plural y diverso, y se señalan situaciones que deben corregirse ya que podrían estar dañando el derecho a la comunicación.

En las conclusiones de este primer capítulo, se afirma que parte de los derechos comunicativos de la sociedad se encuentran en un escenario altamente desregulado, que presenta “un aumento del capital extranjero, los negocios convergentes y la diversificación empresarial”. A su vez, el ecosistema de medios tiene una clara tendencia a la concentración de la propiedad, de las audiencias y de la publicidad, donde las empresas familiares se fueron transformando en grandes grupos económicos con múltiples negocios en varios mercados de la comunicación.

En este sentido, se define que el escenario mediático es una “cancha” desnivelada, ya que por un lado se encuentran grandes empresas con una gran capacidad económica y un gran poder de incidir en la opinión pública; y por el otro, el Estado con un marco jurídico desactualizado y descuidado.

Por otro lado, se afirma que el proceso de digitalización de la TV todavía no ha servido para lograr una democratización del escenario mediático, ni para garantizar una diversidad de voces dentro del espectro radioeléctrico.

Fernando Cruz Castro, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica afirmó en la presentación del informe que hay una concentración que amerita una reflexión en el país, para preguntarse cuál es límite, y se cuestionó que comunidades no tuvieran acceso a canales o radioemisoras, invito a pensar la situación “los medios como un tema de política pública, para que haya una democratización en las expresiones de esos medios”.

Giselle Boza Solano, coordinadora del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI), destacó que queda un tema pendiente para la sociedad costarricense, que es el debate de papel de las plataformas de internet en la remoción y moderación de contenidos, ya que el ejercicio de una especie de “censura privada” que están ejerciendo puede ser un riesgo para la libertad de expresión en línea.

En otros capítulos se analiza la difusión de contenidos desinformativos durante la campaña política en Costa Rica durante 2022, la discusión legislativa sobre una ley de acceso a la información y a la transparencia, riesgos en el ejercicio del periodismo en el país, experiencias en la superación de la violencia contra las mujeres en el ejercicio político en las redes sociales y por último, un análisis de la calidad periodística con derechos ciudadanos.

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