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Karisma, FLIP y Comisión Colombiana de Juristas presentan recurso de inconstitucionalidad contra Ley TIC de Colombia

La Fundación Karisma, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Comisión Colombiana de Juristas, Bejarano Abogados y el comunicador Santiago Rivas, presentaron ante la Corte Constitucional dos demandas por inconstitucionalidad de la Ley 1978 de 2019 (Ley TIC) al considerar que establece un excesivo control del Poder Ejecutivo sobre el sector, lo que representa una amenaza para la democracia y la libertad de expresión.

Las demandas se centran en cinco aspectos:

1- Hay un control excesivo del Ejecutivo sobre la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC): el organismo regulará servicios de telecomunicaciones, radio y televisión abierta; resolverá controversias de los proveedores de esos servicios; y vigilará y sancionará conductas que afecten el pluralismo en esos servicios.

La normativa crea dos Comisiones compuestas en total por ocho miembros. De ellos, siete son nombrados con injerencia del Ejecutivo (dos por posicionamiento directo y cinco porque el Ejecutivo sería el responsable de diseñar los mecanismos de elección). De este modo, las organizaciones consideran que la CRC se puede convertir en un mecanismo del gobierno para limitar la libertad de expresión.

2- Las organizaciones consideran que la Ley ha transformado a un gobierno todopoderoso para manejar el espectro y asignar frecuencias de televisión sin contrapesos, ya que la Ley TIC le da mucho poder al MinTIC. El gobierno tiene la capacidad de otorgar y vigilar el espectro, definir su valor y definir si el pago de ese valor se puede hacer “en especies”. El MinTIC es el organismo con facultades para definir la política pública e  inspeccionar, vigilar y controlar el sector TIC. Esto pone en peligro la pluralidad informativa.

3- Se desfinancia la televisión pública: hasta ahora existían dos fondos, FonTV adscripto y manejado por la autoridad independiente, Autoridad Nacional de Televisión (ANTV); y el otro es FonTIC, manejado por MinTIC. Con la Ley TIC, estos dos fondos se reúnen en uno que va a quedar a cargo del Ministerio, lo que significa más poder para el Ejecutivo que manejará todo el dinero. Desde la perspectiva de las organizaciones esta nueva ley trae definiciones que pueden quedar muy abiertas a interpretaciones del propio Ministerio TIC para distribuir los recursos.

4- Redes comunitarias: la nueva ley pone a las redes comunitarias a la par de medianas y grandes empresas para la obtención de permisos de utilización de espectro para brindar Internet. Esto sería injusto y podría acabar con las redes comunitarias que hacen el trabajo que muchas veces no hace el Estado ni las grandes compañías.

5- Consulta previa: la nueva ley no contempla condiciones específicas que den garantías a grupos indígenas ni a otros grupos étnicos. Cuando un proyecto de ley puede afectar a comunidades indígenas, debería ser consultado primero con ellas antes de pasar por el congreso. Sin embargo, con la Ley TIC no se cumplió con este procedimiento.

 

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Imagen destacada: https://flip.org.co

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