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LACIGF inicia con debate sobre la regulación privada de contenidos y la libertad de expresión en Internet

Cobertura por Ana Bizberge, editora de contenidos de OBSERVACOM

Comenzó el Foro Latinoamericano de Gobernanza de Internet (LACIGF) en La Paz, Bolivia, con una sesión dedicada a reflexionar sobre la libertad de expresión en Internet. Allí, representantes del sector privado, sociedad civil, comunidad técnica y gobierno discutieron sobre las oportunidades y riesgos de modelos estatales de regulación y autoreguación de intermediarios de Internet.

María Cristina Capelo, Directora de Seguridad y Bienestar para Facebook en América Latina, señaló que la compañía está avanzando en materia de transparencia y rendición de cuentas, especialmente a partir de la creación del Consejo de Supervisión para la moderación de contenidos.

“El Consejo estará conformado por 40 expertos y su conformación se anunciarán entre noviembre y diciembre de 2019”, dijo Capelo.

“El Consejo Asesor de Facebook es un paso adelante hacia la transparencia y rendición de cuentas porque las decisiones que allí se tomen serán vinculantes para la plataforma y eso implicará un proceso de revisión de las políticas internas”, explicó la representante de Facebook.

También mencionó que junto con la creación del Consejo de Supervisión, la compañía está avanzando en la implementación de mecanismos para apelar las decisiones.

Además sintetizó cómo viene trabajando la compañía para la definición de sus estándares comunitarios y detalló que para ello se convoca a invitados externos para desarrollarlas y un equipo de investigación, a partir de los reportes sobre contenido nocivo, discute cómo pensar las normas en reuniones bi- semalaes, que luego son publicadas en el sitio.

Desde la sociedad civil, Carlos Cortés, Fundador de la consultora y centro de estudios de internet Linterna Verde de Colombia, planteó que si bien el Consejo de Facebook es una oportunidad para pensar sobre la libertad de expresión en Internet, “el riesgo es que se transforme en un tribunal de elite, que estudie casos emblemáticos, pero que no estructure el proceso de moderación” en la medida en que, a diferencia de lo que sucede con los proceso de moderación en tiempo real, sus integrantes podrán analizar las situaciones con tiempo y estableciendo contexto.

Cortés aseguró que en la actualidad no hay respuestas claras desde la sociedad civil sobre el problema de la moderación de contenidos.

“Hay que entender mejor cómo funciona la moderación de contenidos, fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el debido proceso”, dijo. Además planteó que «con la idea de promover los derechos humanos, en la práctica los dejamos sin vigencia”, haciendo referencia a que no todas las expresiones, por más que sean legales, son de interés público como para estar subidas en las plataformas, del mismo modo, no todos los contenidos tienen interés comercial como para que no puedan ser removidos.

También destacó la importancia de entender en qué consiste el control judicial en estos casos. “Los jueces deben entender que pueden influir en las lógicas del diseño de estos mecanismos de moderación de contenidos para las plataformas”, detalló.

Por su parte, Esteban Lescano, Director de la Comisión de Legales y Políticas Públicas de Cámara Argentina de Internet (CABASE) abordó el rol de los Estados en la regulación de intermediarios de Internet.

“Internet es una plataforma para el ejercicio de derechos humanos… El Estado tiene la potestad de regular pero no puede ir en contra de la libertad de expresión”, aseguró.

Planteó que en la región hay una oportunidad para pensar las regulaciones de los intermediarios tecnológicos tomando como punto de partida las previsiones del Pacto de San José de Costa Rica que prohibe la censura previa y establece las responsabilidades ulteriores.

En este sentido, consideró que la Directiva Europea de Derecho de Autor representa un mal ejemplo, en la medida que establece una licencia obligatoria para el uso de contenidos periodísticos y modifica el régimen de intermediarios, responsabilizándolos por los contenidos de terceros. “Este tipo de regulaciones parten de principios jurídicos distintos de los de nuestra región y no debemos copiarlos”.

Por su parte, Miguel Candia, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, planteó que los Estados están tomando distintos enfoques a la hora de regular a los intermediarios en Internet. Destacó que los Estados tienen que ser capaces de regular pero surgen preguntas como qué se regula, cómo y hasta dónde.“Cuando el Estado busca regular se encuentra que no siempre tiene la experiencia suficiente”, indicó.

En representación de la comunidad técnica, Thiago Tavares, consejero del Comité Gestor de Internet (CGI) en Brasil planteó que la regulación estatal para garantizar la libertad de expresión en Internet no debe establecer el control editorial previo de contenidos. Señaló que es necesario invertir en alfabetización mediática para que los usuarios puedan distinguir los contenidos verdaderos de los falsos y enfatizó en la necesidad de resistir las tentaciones de criminalización. Mencionó que en Brasil, la mayoría de proyectos de ley contienen previsiones que penalizan con prisión el intercambio de contenidos sin chequear la fuente. También indicó que otro error frecuente de los proyectos es responsabilizar a las plataformas por difundir contenidos falsos.

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