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Los desafíos de implementar la Directiva de Servicios Digitales (DSA) de Europa

Por Carolina Martínez Elebi

Foto: Bandera de Europa (Pexels).

En julio de 2022, hace apenas unos meses, la adopción oficial de la Digital Services Act (DSA) por parte del Parlamento Europeo fue motivo de celebración en gran parte del mundo occidental. La noticia era que la Unión Europea empezaba a ponerle, por fin, serios límites a la industria de las grandes compañías tecnológicas que, se sabe, en la última década no hicieron más que seguir acumulando riquezas y concentrando poder.

¿Por qué es tan importante? Porque una ley como la DSA tiene el potencial de convertirse en un estándar global debido a que es una de las primeras regulaciones integrales aprobada por gobiernos democráticos.

De acuerdo con el Observatorio de la DSA, luego de la adopción de la normativa, la misma entrará en vigor muy probablemente unos días antes de navidad, estiman que alrededor del 20 de diciembre de 2022. Según el artículo 93, apartado 1, la DSA entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Pero esa fecha no se sabe. Uno de los factores que influye en la fecha de publicación es la traducción de la norma. Según el Observatorio, “el tiempo para traducir el texto en inglés co-adoptado a los otros 22 idiomas oficiales de la Unión Europea puede ser un posible cuellos de botella” ya que la DSA contiene más de 300 páginas de texto legal y la Oficina de Publicaciones debe publicar las 23 versiones lingüísticas simultáneamente.

La aplicación de las reglas a todos los actores será a principios de 2024, cuando hayan pasado 15 meses desde la adopción. Sin embargo, para las grandes plataformas online (en inglés, Very Large Online Platforms -VLOP-) la solicitud del cumplimiento puede comenzar a partir de marzo o abril de 2023. Todas las plataformas que no sean microempresas o pequeñas empresas deberán comenzar a informar su promedio mensual de “destinatarios activos” tres meses después de la entrada en vigor. ¿Para qué se necesita ese dato? Para definir quiénes serán consideradas VLOP y cuándo deberán comenzar a cumplir con la normativa. Si un proveedor alcanza el umbral de 45 millones de destinatarios activos, calificará como VLOP.

Un detalle no menor es cuál es la definición de “destinatario activo”, a la que puede llegarse a partir de los artículos 3 (incisos l, m y p), 24 (2 y 3) y el Considerando 77. Un destinatario activo podría ser un usuario que publica una imagen en un servicio para compartir fotos (como podría ser el caso de Instagram), pero también una persona sin una cuenta a quien le comparten un documento a través de Dropbox o Google Drive. También puede ser considerado destinatario activo el propietario de un sitio web que utiliza un servicio de alojamiento tradicional (servidor web). En sí, un destinatario activo no necesariamente debe ser un usuario registrado. Sin embargo, el Considerando 77, en su segundo párrafo, sugiere que aquellas personas simplemente expuestas a un enlace no califican. La Comisión deberá establecer una metodología para explicar a los proveedores cómo contar a sus destinatarios activos.

A las micro y pequeñas empresas se les aplica una exención a esta obligación, de acuerdo con el artículo 19, apartado 1. Sólo las empresas con más de 50 empleados o una facturación y/o un balance anual superior a 10 millones de euros están obligadas a publicar el número ellas mismas. Sin embargo, según el punto 3 del artículo 24, la Comisión aún puede solicitar el número de destinatarios activos mensuales promedio desde cualquier plataforma. Esto es para poder designar empresas emergentes con pocos empleados o pocos ingresos pero una gran cantidad de destinatarios como VLOP.

El tiempo pasa rápido, las fechas se acercan a un ritmo vertiginoso, pero la implementación y el cumplimiento de la ley aún están en proceso. Ahora el desafío lo tienen las diferentes autoridades de aplicación que deben encontrar un lenguaje común para aplicar la normativa. Reguladores de toda Europa están reclutando personal, según informa Columbia Journalism Review. La UE está contratando a setenta miembros del personal para implementar y hacer cumplir la DSA y cada país miembro decidirá cuántos funcionarios contratar. Por ejemplo, en el caso de ARCOM, el regulador audiovisual de Francia, se espera que contrate entre veinte y treinta miembros del personal.

Durante el próximo año, hasta la fecha en que se adoptará la DSA para todas las partes, diversos funcionarios de la Unión Europea y agencias nacionales deberán trabajar para resolver de qué forma debe y puede implementarse y hacerse cumplir la normativa. Algunos de los temas que deberán analizar para tomar una decisión, son: cuáles son los datos que deben proporcionar las plataformas a los reguladores e investigadores; cómo deberán las plataformas llevar a cabo las evaluaciones de riesgo; quién será el encargado de realizar las auditorías de las plataformas; y cómo asegurarse de que los auditores no sean capturados por las plataformas que les pagan.  

Con respecto a esto último, se sabe que será necesario capacitar a una nueva generación de auditores e investigadores, algunos analistas están preocupados porque, dado que las plataformas pagarán a los auditores, existe la posibilidad de un conflicto de intereses.

¿Por qué la DSA es relevante en el debate actual por la regulación de las grandes compañías de tecnología?

Estos son algunos de los puntos centrales que plantea y que fueron motivo de disputa por parte de las big tech: plataformas como Google, Meta, TikTok y YouTube deberán evaluar anualmente los riesgos que plantea el contenido que alojan y circulan; rastrear y proporcionar datos sobre el funcionamiento de sus algoritmos; mejorar la transparencia con respecto a sus recomendaciones publicitarias; dar a los usuarios más opciones con respecto a los parámetros de orientación de anuncios; y proporcionar vías de reparación en las decisiones de moderación de contenido que tiene incidencia directa en el derecho a la libertad de expresión de los usuarios de estas plataformas, incluyendo a medios de comunicación y periodistas.

Ante el incumplimiento de algunos de estos aspectos, las sanciones incluyen multas por un total de hasta el 6 % de sus ingresos anuales, algo que se espera incentive a las empresas a cumplir con la normativa y que el costo de cometer infracciones sea realmente significativo. En números concretos, ese porcentaje se traduce en, aproximadamente, 11 mil millones de dólares para Google o 7 mil millones de dólares para Meta. Ambas compañías fueron de las que más presionaron contra diversos aspectos de la ley.


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