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Modifican proyecto de Fake News en Brasil: eliminaría mecanismos de rastreo y prohíbe monetizar canales a políticos

Recientemente, el diputado Orlando Silva (Partido Comunista por San Pablo) presentó unas modificaciones al proyecto sobre Fake News aprobado por el Senado en junio de este año.

Desde la Coalizão Direito na Rede (CDR) destacaron tres aspectos positivos de la propuesta del legislador: la eliminación del mecanismo de rastreabilidad, la prohibición de monetizar los canales por parte de políticos, parlamentarios y quienes detentan cargos electivos, y la reducción de mecanismos de identificación de usuarios.

Entre los principales cambios, el texto de Silva propone eliminar el mecanismo de rastreabilidad de los mensajes que se envían por WhatsApp. Según el proyecto que había sido aprobado en el Senado, la empresa debía guardar por tres meses el registro del mensaje que hubiera sido enviado a más de cinco usuarios y que alcanzase más de mil usuarios en 15 días. Esto había sido cuestionado por organizaciones de la sociedad civil que consideraron que la colecta masiva de datos amenazaría la privacidad de los usuarios.

Otro de los cambios que introduce el texto es la reducción de los mecanismos de identificación de los usuarios y la prohibición de la monetización de los canales por parte de políticos, parlamentarios y quienes tienen cargos electivos.

También se proponen cambios en torno a la tipificación penal para quien promueva, constituya, financie o integre la acción de envío en masa de mensajes con contenido que puede ser pasible de sanción criminal o datos “sabidamente no verídicos”. Esos casos pueden tener penas de prisión de uno a cinco años y multa.

Este punto recibió críticas por parte de InternetLab y de CDR. Según el portal de noticas de la Cámara, los cuestionamientos apuntaron a que la forma y alcance de las penas deberían determinarse luego de ser evaluados por el Supremo Tribunal Federal y de la investigación de la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) de las Fake News.

Para Barbosa, el texto corre el riesgo de criminalizar a los usuarios de redes sociales. “Es preciso tener mucho cuidado con tipificar un nuevo crimen, para no criminalizar al usuario común porque penalizar conductas no es la solución. La Ley tiene que ser específica para penalizar a las fábricas articuladas para distribuir desinformación y a las organizaciones que financian esa industria”.

Por su parte, Nathalie Fargoso, miembro de InternetLab que participó de los debates sobre el tema, dijo que algunas terminologías no están definidas en la ley en la que se inserta este tipo o pueden dar lugar a interpretaciones amplias, que aumentan el número de conductas que se pueden recoger aquí. Estamos hablando de un crimen de peligro abstracto. Entonces, considerando que existe una anticipación del poder criminal, es importante que los términos del artículo se definan de la manera más estricta posible”.

Otra de las novedades del texto de Silva en relación al aprobado en el Senado en julio es que instituye el mecanismo de “auto-regulación regulada” a través de una entidad formada por proveedores de aplicaciones, que será reconocida por el Consejo de Transparencia y Responsabilidad en Internet. Esa entidad deberá elaborar informes trimestrales sobre las denuncias de contenidos, cuentas y medidas de moderación.

De acuerdo con Silva, la propuesta busca plantear un mecanismo alternativo, que va más allá de la regulación del Estado y de experiencias como las del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (CONAR). “La discusión que estamos dando es la posibilidad de construcción de otro modelo. Si es auto-regulación, es auto-regulación por las plataformas. Pero, ¿por qué no una mera autorregulación, tal cual sucede con el CONAR? Porque es necesario contar con los principios, conceptos, parámetros y procedimientos que establece la ley. Por eso es una auto-regulación regulada por lo que la ley establece”, explicó de acuerdo con el portal de noticias la Cámara.

Según Barbosa “la autorregulación no es eficaz. Sería importante una co-regulación principalmente porque el Consejo (Consejo de Transparencia y Responsabilidad en Internet) es un espacio más democrático”.

Por último, el proyecto de Silva prevé que las empresas periodísticas y los periodistas sean remunerados por el uso de contenidos por parte de los buscadores, excepto en el caso de intercambio de links por parte de los usuarios.

Sobre esto, la representante de CDR considera que la remuneración de las empresas periodísticas tiene que ser debatida pero no es el ámbito para hacerlo el proyecto de ley sobre la divulgación de noticias falsas. Desde su punto de vista “el artículo del texto que habla sobre el asunto es genérico, no tiene directrices. No define qué es contenido periodístico, cómo operacionalizar ese pago. Eso causa inseguridad jurídica”.

Además considera que puede generar un efecto inverso a combatir la desinformación y terminar privilegiando a los grandes grupos de comunicación en detrimento del periodismo independiente.

 

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