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Organismos de competencia, protección de datos, consumidores y de derechos de Brasil solicitan a WhatsApp postergar política de privacidad

El Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), el Ministerio Público Federal (MPF), la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) y la Secretaría Nacional del Consumidor (SENACON), recomendaron a WhatsApp que postergar la fecha de vigencia de su nueva política, prevista para el 15 de mayo, hasta tanto adopte sus recomendaciones.

Las recomendaciones, que apuntan tanto a WhatsApp como a Facebook, acompañan las acciones de presión por parte de organizaciones de la sociedad civil a nivel regional, con la iniciativa promovida por el consorcio Al Sur, y en Brasil,  por parte del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (IDEC) y la Coalición por los Derechos en la Red (CDR).

El documento de estos organismos recomienda a WhatsApp “proceder a aplazar la vigencia de su Política de Privacidad ya que no fueron adoptadas las recomendaciones sugeridas después del análisis de los órganos reguladores”.

También recomienda “abstenerse de restringir el acceso de los usuarios a las funcionalidades de la aplicación si no se adhieren a la nueva política de privacidad, asegurándose de que mantienen el modelo de uso actual y, en particular, mantienen la cuenta y enlace a la plataforma, así como el acceso a los contenidos de mensajes y archivos, ya que constituiría una conducta irreversible con un potencial altamente lesivo, incluidos los derechos de los consumidores, antes del debido análisis por parte de los órganos reguladores competentes”.

Por último recomienda “adoptar las medidas orientadas a las prácticas de tratamiento de datos personales y transparencia, en los términos de la LGPD”

En relación a Facebook, los organismos recomiendan a Facebook Miami, Facebook Global Holdings y Facebook Brasil “abstenerse de realizar cualquier tipo de tratamiento o compartir datos recibidos de la recopilación realizada por WhatsApp Inc. en base a los cambios a la Política de Privacidad de la aplicación programados para entrar en vigencia el 15 de mayo de 2021, mientras no exista el posicionamiento de los organismos reguladores”.

Por último, los organismos señalan que las empresas deben enviar sus respuestas sobre la adopción de las obligaciones recomendadas, de no hacerlo el MPF puede iniciar acciones civiles.

“En caso de falta de medidas o respuesta a esta Recomendación, dentro del plazo otorgado, el MPF podrá entablar una acción civil pública, con el objeto de promover judicialmente las medidas antes descritas, sin perjuicio de otras medidas que pueda adoptar el SENACON, por CADE y la ANPD”, concluyen.

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