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Organizaciones sociales de El Salvador presentan propuestas al regulador para fortalecer a los medios comunitarios

La Junta Ciudadana por el Derecho a la Comunicación, junto al capítulo de El Salvador de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y la Fundación Comunicándonos entregaron a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) tres propuestas sobre medios de comunicación comunitarios.

Las iniciativas, surgidas del diálogo entre medios comunitarios, académicos y defensores de derechos humanos, son: un nuevo concepto de medios de comunicación comunitarios, criterios de evaluación de proyectos de medios comunitarios en concurso por una frecuencia de radiodifusión y política pública para la transición del sistema analógico al digital.

En relación al primero, se propone actualizar el concepto de medios comunitarios en la Ley de Telecomunicaciones siguiendo los estándares internacionales de UNESCO y de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En relación a la propuesta de criterios para la evaluación de proyectos en los concursos de frecuencias, se solicita al regulador que contemple la participación ciudadana como parte de su normativa interna en esos procesos, así como que se evalúen no solo criterios técnicos sino también sociales de los proyectos.

“Es pues menester asegurar en la ley tanto la verdadera pluralidad del comité evaluador mediante la integración de mecanismos de fiscalización ciudadana en el procedimiento, así como la redacción de unos criterios de evaluación más claros y objetivos en la medida posible dada la naturaleza de los proyectos”, sostiene el documento.

“La ley de telecomunicaciones es muy amplia y ambigua en cuanto a su concepto de medio comunitario y al establecimiento de reglas para el proceso de concurso al que se someten las organizaciones comunitarias que pretenden tener acceso a una frecuencia de radiodifusión… Las medidas de diferenciación positiva hacia los medios comunitarios son condiciones necesarias para facilitar su participación en el proceso de comunicación social del cual han sido históricamente excluidos”, concluye.

En relación a la propuesta de “Política Pública para la transición al dividendo digital”, las organizaciones plantean la necesidad de que “se garantice el aprovechamiento del dividendo digital y desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación para la inclusión equitativa del sector comunitario y público en el acceso a las frecuencias”.

El documento postula estrategias para la intervención regulatoria, como prever medidas positivas para que los tres sectores de la radiodifusión puedan acceder a las licencias en condiciones equitativas; contemplar criterios democráticos y procedimientos transparentes para la asignación de las licencias; establecer condiciones de uso de las licencias razonables y no discriminatorias; promover la pluralidad y diversidad de los contenidos a través de la asignación de fondos para contenidos educativos y culturales, entre otros aspectos; y el fomento de la pluralidad y la diversidad con la regulación de la concentración en el control y la propiedad de medios.

La propuesta completa se puede leer acá

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