El reciente anuncio del CEO de Twitter, Jack Dorsey, sobre la prohibición de “anuncios políticos” en su plataforma generó distintas repercusiones, positivas y negativas. Por un lado, muchos notaron una diferencia fuerte respecto a las polémicas decisiones de Facebook de permitir mentiras de políticos y gobernantes (pero no al resto de los usuarios). Por otro lado, también motivó reflexiones sobre cómo la decisión tiene implicancias para la libre circulación de discursos y, en un sentido más amplio, sobre el rol de las plataformas como “jueces de la verdad”, incluso en decisiones que, a priori, son “simpáticas”.
Dorsey explicó que no se aceptarán los anuncios de candidatos y planteó que la decisión se fundamenta en que el alcance del mensaje político no debe depender del dinero porque puede generar efectos negativos sobre el sistema democrático “Mientras la publicidad en Internet es increíblemente poderosa y muy efectiva para la publicidad comercial, ese poder trae riesgos significativos para la política, ya que puede ser usada para influir votos que afecten las vidas de millones”, dijo el CEO de Twitter.
“No se trata de libertad de expresión. Se trata de pagar por alcance. Y pagar para incrementar el alcance de discurso político tiene ramificaciones significativas que la infraestructura democrática actual puede no estar preparada para manejar”, afirmó.
Y haciendo referencia (y tomando distancia) respecto de Facebook concluyó: “no es creíble que digamos: ‘Estamos trabajando duro para evitar que la gente juegue con nuestros sistemas para difundir información engañosa, pero si alguien nos paga por apuntar y obligar a la gente a ver su anuncio político… bueno… ¡pueden decir lo que quieran!’”
Reporteros sin Fronteras (RSF) fue una de las organizaciones que celebró la decisión: “Celebramos el anuncio de Twitter de discontinuar los anuncios políticos en su plataforma. Las compañías tecnológicas tienen una responsabilidad crucial y urgente, al igual que los legisladores, en el vasto campo de la información actual para garantizar que los ciudadanos del mundo consuman información confiable y plural que fortalezca la democracia y la auto-regulación”, aseguró Dokhi Fassihian, Director Ejecutivo de RSF en Estados Unidos.
El Relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, David Kaye, inicialmente también recibió de forma favorable la decisión. En particular, reconoció que la decisión reconoce implícitamente que las audiencias y el público tiene derechos e intereses tan importantes como los de los políticos. Sin embargo, planteó que la decisión de Twitter encierra un grave problema: “actores privados tomando decisiones sobre el interés público”.
A través de su cuenta de Twitter señaló que “la prohibición [de publicidad política que decidió Twitter] puede atacar la desinformación pero podría venir acompañado de efectos negativos… si esta política termina privilegiando las cuentas de políticos con gran cantidad de seguidores sobre nuevos entrantes y voces marginalizadas, no es realmente un triunfo para la democracia, no?”.
Sobre la invisibilización de voces, Kaye retoma los argumentos del periodista Will Oremus, quien advirtió que resulta engañoso que la plataforma tecnológica tome la responsabilidad de definir qué anuncios cuentan como “políticos”.
Además indicó que el hecho de que se prioricen discursos comerciales sobre discurso político “es en sí misma una posición política”.
“Presumiblemente, las compañías tecnológicas aún podrán publicar anuncios promocionando su compromiso con la privacidad del usuario, pero a los grupos de vigilancia se les prohibirá publicar anuncios que sugieran que necesitamos mejores regulaciones de privacidad. Las grandes corporaciones podrán jactarse de cómo tratan a los trabajadores, pero los sindicatos no podrán presionar por las leyes salariales vigentes o las leyes de seguridad en el lugar de trabajo”, ilustra la nota.
En este sentido, Change the Terms, una coalición de más de 50 organizaciones de derechos de Estados Unidos, señalo que la prohibición de anuncios políticos por sí solo no es suficiente para que Twitter sea una lugar para el desarrollo de conversaciones saludables.
Desde el sur, la politólogo argentina, experta en tecnología, Natalia Zuazo planteó que “la decisión de Twitter es marketing positivo”. “El tema es cómo distinguimos qué es un anuncio político en una plataforma y qué no lo es. Por ejemplo, lo que hace una empresa de agronegocios o de salud ¿es político o no? ¿está llevando una opinión política o no?… Si prohibimos un tipo de conversación política tendríamos que prohibir todas las conversaciones políticas”, dijo Zuazo en radio Metro.
Señaló que esto conduce a una discusión más amplia sobre “por qué las plataformas privadas tendrían que convertirse en árbitros del discurso”. Y advirtió que “las plataformas se han vuelto tan concentradas y tan importantes que terminan regulando estas cuestiones [quién define qué es publicidad política]”.
Otra consecuencia de la decisión de Twitter es que puso la lupa sobre qué hacen al respecto otras plataformas. Mientras que Facebook mantiene la decisión de no chequear anuncios, Google se ha mantenido ausente en el debate.
Entre las razones que sostienen esas posiciones se alude a razones económicas. Si bien Marc Zuckerberg manifestó que su decisión tiene que ver con garantizar la libertad de expresión, la profesora Siva Vaidhyanathan de la Universidad de Virginia señaló en una nota de opinión en The New York Times a que “Facebook no tiene incentivo para dejar de mostrar anuncios. Sus ingresos siguen creciendo a pesar de los escándalos y errores”. “Más que demandar a los líderes de Facebook que hagan lo que contraría sus intereses, los ciudadanos del mundo deberían demandar legislación efectiva que pueda limitar el poder de Facebook”, indicó.
En el caso de Google, las razones para no actuar sobre la publicidad política también parecen explicarse en términos económicos. Si bien la publicidad política tiene bajo impacto en el volumen total de negocios, de acuerdo con Financial Times, la pauta en la campaña por la reelección de Donald Trump en Estados Unidos fue de US$ 9,4 millones en Google y US$ 15,7 millones en Facebook, este año.
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Imagen destacada: por Senator Mark Warner con licencia CC BY