Desde la Coalición Derechos en la Red afirmaron que, la regulación de plataformas es “necesaria” pero no mediante una medida provisional y sin un amplio debate con todos los actores. Decisiones precipitadas pueden tener un impacto negativo sobre la libertad de expresión, afirman
La Coalición Derechos en la Red (CDR) -organización de varias entidades que defienden los derechos digitales y la libertad de expresión en Brasil- manifestó en una carta abierta su desacuerdo con la intención del gobierno brasilero de obligar a las plataformas digitales a eliminar contenidos antidemocráticos mediante una resolución gubernamental denominada medida provisional. Aclararon que comparten la preocupación sobre este tipo de discursos, aunque advierten que tomar decisiones precipitadas “puede tener efectos problemáticos en la Internet”.
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil le entregó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva una iniciativa que incluye implementar una medida provisional -norma gubernamental con fuerza de ley y efecto inmediato- para que las plataformas de Internet sean responsables por contenidos “antidemocráticos” publicados en sus redes sociales que vayan en contra del Estado de Derecho y, por tanto, tengan la obligación de evitar su difusión.
Esta disposición se incluiría dentro de un conjunto de medidas llamado “Paquete Democracia”, que busca controlar la difusión de noticias falsas y contenidos antidemocráticos. Al día de hoy, todavía no se conoce el texto, pero según la prensa se referiría al “deber de cuidado” que las plataformas tendrían para impedir la publicación de contenidos “que llamen a la abolición del Estado democrático de Derecho, alienten la violencia para derrocar al gobierno e inciten públicamente a la animadversión entre las Fuerzas Armadas y los poderes constitucionales”.
Según la CDR debido a la complejidad del tema, una regulación de esta índole no debería ser implementada a través de una medida provisional, ya que es “incompatible con el debate que requiere”. Se considera necesario un abordaje amplio, con la participación de diversos sectores.
La organización manifestó que se debe “equilibrar la imposición de nuevas responsabilidades en las plataformas digitales con la garantía de la protección de los derechos humanos”. Esto, ya que mediante la propuesta del gobierno las plataformas tendrían la obligación de prohibir la circulación de contenidos “sin criterios objetivos” y sin permitir “el seguimiento por parte de otras entidades”.
La CDR asevera que si bien es necesario avanzar con regulación en esta materia, no se debe partir de cero, puesto que ya hay debates en proceso con participación de la sociedad civil, tales como el proyecto de ley para las plataformas de Internet (PL2630) -conocido como Ley de Fake News-.
Además, sostienen que la medida que se tome debería estar acompañada de exigencias en términos de transparencia sobre las acciones de las plataformas, así como garantías para los usuarios para poder reclamar ante casos de moderación abusiva.
La coordinadora del Centro de Estudios de Medios Alternativos Barão de Itararé, Renata Mielli, señaló que darle más potestades a las grandes plataformas de tomar decisiones -como por ejemplo remoción o reducción- sobre el contenido que circula, genera el riesgo que las empresas actúen de forma “aún más discrecional”.
Mielli sostuvo que es importante no copiar normativas de otros países, ya que la situación social, cultural y económica es diferente. “Lo que puede ser adecuado para Alemania, por ejemplo, no puede serlo para Brasil”, aseguró.
Por otro lado, Bia Barbosa, de la organización Diracom (Derecho a la Comunicación y la Democracia), dijo que es fundamental que antes de realizar cambios se implemente un “análisis de impacto regulatorio”, puesto que hay ejemplos de legislaciones que en la práctica tuvieron más efectos negativos que positivos.
El presidente electo de Brasil había manifestado anteriormente la importancia de implementar una regulación de las plataformas, algo que ratificó el pasado 2 de febrero en su discurso de la primera sesión legislativa de 2023, donde afirmó que es necesario “fortalecer la legislación, dotando al Sistema de Justicia de más instrumentos para trabajar con las plataformas digitales”, buscando “frenar la propagación de mentiras y mensajes antidemocráticos o de odio”.
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